Decir que Kafka habría sido un escritor costumbrista si hubiera nacido en México, es ya lugar común desde hace varias décadas en el mundo intelectual y académico del país. En efecto, aquí la realidad supera con creces la ficción. El tema de hoy es una demostración empírica de esta tesis.
El realismo mágico, corriente literaria popularizada mundialmente por el colombiano Gabriel García Márquez –cuya máxima obra, Cien años de soledad, fue escrita en la Ciudad de México—inició realmente una década antes en nuestro país con otras dos novelas fundamentales: Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, y Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en ese orden de publicación.
A su vez, el surrealismo, movimiento artístico y literario iniciado en Francia en 1924 con un manifiesto de André Breton, impulsa lo irracional y onírico (proveniente de los sueños), mediante la expresión automática del pensamiento, es decir, del inconsciente. Las obras pictóricas de Leonora Carrington y Remedios Varo, exiliadas en México, se inscriben en esa corriente. Pero también la producción cinematográfica de Luis Buñuel en México –que inició en su natal España con El Perro andaluz (1929) –: Los Olvidados (1950), Viridiana (1961) y El ángel exterminador (1962), entre otras películas.
Las últimas palabras del surrealista Buñuel, que murió en México en 1983, son un anticipo de nuestra realidad actual: “Ahora sí que muero”. Tan prosaica es la actuación de la antigua resistencia contemplativa, materializada en las instituciones que crearon para combatir al antiguo régimen de partido de Estado, que el realismo mágico y el surrealismo, ahora sí, tendrían que darse por muertos.
Ni Kafka, ni García Márquez, ni Elena Garro, ni Juan Rulfo habrían sido capaces de construir un entramado legal tan estulto e inquisitorial como el que existe actualmente en México en materia electoral. Leonora Carrington y Remedios Varo habrían tenido también serias dificultades para expresar en su obra pictórica los sueños húmedos de los antiguos demócratas sin adjetivos que hoy añoran la dictadura perfecta.
Ni siquiera Buñuel, capaz de retratar el drama social de los olvidados en el México profundo, representados por un adolescente pobre que asesina a otro joven, podría captar con su arte el nivel de cretinismo e imbecilidad de la burocracia del INE, que se asume inmune al ridículo y al escarnio.
El intento de censura a una periodista extranjera –Inna Afinogenova–, las amenazas de sanciones legales del INE a la periodista y al medio de comunicación extranjero en el que trabaja –Canal Red de España–, y el plazo perentorio de 24 horas para responder a varios cuestionamientos ofensivos que el organismo electoral mexicano les hacen sobre su trabajo periodístico, rebasan todo límite de racionalidad, de proporcionalidad y de legalidad. El solo hecho de plantearlo es inconstitucional e inconvencional. Vulnera flagrantemente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Pero el ridículo en que incurrió el INE no puede ni debe quedar en la sanción que la opinión pública ya ha emitido en contra del organismo y sus adláteres de la marea rosa, que sueñan con el retorno del autoritarismo consensual y la democracia tutelada de antaño. El inconsciente que los delata –“El INE no se toca”—debe dar lugar a reformas conscientes, necesarias y urgentes que eviten la arbitrariedad y el exceso.
Los burócratas de la Unidad de lo Contencioso Electoral que redactaron el pernicioso y ofensivo documento, asumiéndose como autoridad trasnacional, es un asunto grave que merece ser abordado de inmediato por el Consejo General, a fin de sancionar administrativamente a quienes excedieron sus facultades, destituyéndolos ipso facto de sus cargos e inhabilitándolos para el ejercicio público, en tanto se deslindan responsabilidades penales por el uso ilícito de atribuciones y facultades y otros delitos más.
No es un asunto menor ni frívolo. La actuación de la presunta “autoridad” es extremadamente delicada y peligrosa para la democracia. Sobre todo si se tiene conocimiento del contexto en que ocurrió este absurdo. Por ejemplo, no se puede seguir gastando dinero del presupuesto en este tipo de “investigaciones” surrealistas y estultas, mientras se niega una indagatoria con tantos elementos probatorios a la vista, como la guerra sucia de troll centers y robots contra el presidente y la candidata de la 4T a sucederlo, bajo acusaciones infundadas de colusión con el narcotráfico. No sólo se incurre en falsedad sancionada por la ley electoral, sino que la existencia de recursos de procedencia ilícita en el financiamiento de esa campaña es un delito electoral grave sancionado con prisión.
Tomás de Torquemada y Girolamo Savonarola estarían encantados con nuestro actual INE. Pero su actuación ofende a millones de ciudadanos. Me incluyo entre ellos.
