Todo proyecto de infraestructura debe estar sujeto a la transparencia y a la rendición de cuentas. Esto incluye necesariamente que las autoridades responsables entreguen la información que la sociedad les demanda.
Un caso polémico es sin duda el proyecto que en Sonora busca sacar del casco urbano de la ciudad de Nogales las vías de un tren comercial para desviarlas por municipios y así conectarlas con otras vías existentes que se dirigen a la frontera, es todo un enigma los costos del mismo.
La reubicación de vías, la modernización del puerto de Guaymas y la renovación de aduanas, son parte de un plan para aumentar el comercio con Estados Unidos, lo cual no se oye nada mal pero si se conociera la información desde inicio, se hubieran evitado los señalamientos del “Tren Fantasma”.
El caso llegó al INAI, ya que una persona solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), información presupuestal, incluyendo evidencias y testigos de la dispersión de recursos, referente a este proyecto de reubicación. Se contemplan obras en los municipios de Ímuris y Santa Cruz para construir un tramo de 66 kilómetros con un presupuesto cercano a los 7 mil millones de pesos. La SEDENA contestó no haber localizado la información y sugirió preguntar al gobierno de Sonora.
Después de un análisis minucioso realizado por mi Ponencia, determinamos que SEDENA claro que es competente para conocer de lo requerido, ya que incluso en la Plataforma Nacional de Transparencia existe un contrato relacionado con este proyecto, realizado en septiembre de 2022 por más de 90 millones de pesos y está reportado en las propias obligaciones de transparencia de la Secretaría.
La SEDENA tiene 10 días hábiles para entregar la información pública, de no cumplir, el INAI tiene facultades para dar vista a su Órgano Interno de Control (OIC) para la imposición de medidas de apremio correspondientes que pueden incluir multas económicas contra servidores públicos.
Las Fuerzas Armadas son sujetos obligados en materia de transparencia y deben entregar la información que la sociedad les requiere. No olvidemos que se ha buscado reservar información de proyectos de infraestructura por “seguridad nacional”; sin embargo, en el año de 2021 el INAI interpuso una controversia constitucional a favor de la máxima publicidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo del 2023 nos dio la razón.
Les comento que, de acuerdo con datos de la Secretaría Técnica de Pleno, la Sedena cuenta con 351 solicitudes de información relacionadas con obra pública de proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya y Dos Bocas.
Entonces los afectados por el ecosistema y la población en general tiene derecho a conocer el proyecto y sus costos, porque entonces la pregunta es: si no existe nada como argumentan, ¿sí es el tren fantasma? ¿Y la transparencia y la congruencia? El INAI dará seguimiento puntual por ser un caso de máximo interés público.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
