BSA promueve amparos contra mega gasolinazo



Y que CNDH plantee a SCJN la inconstitucionalidad: Jorge Villa…


El presidente de la BSA, Lic. Jorge Antonio Villa Miranda, describió a Dossier Político que “emprenderemos dos acciones jurídicas inmediatas, la primera es poner a disposición de la ciudadanía, de manera gratuita, el modelo de demanda de amparo; la segunda, solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ejerza la facultad de plantear la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”…

Alejandro Matty Ortega Dossier Politico

Dia de publicación: 2017-01-19


Hermosillo, Sonora (DP).- La Barra Sonorense de Abogados (BSA) promueve de manera gratuita amparos y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) plantee a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)la acción de inconstitucionalidad del “gasolinazo” en México.

El presidente de la BSA, Lic. Jorge Antonio Villa Miranda, describió a Dossier Político que “emprenderemos dos acciones jurídicas inmediatas, la primera es poner a disposición de la ciudadanía, de manera gratuita, el modelo de demanda de amparo; la segunda, solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ejerza la facultad de plantear la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Destacó que este documento, que puede obtenerse e imprimirse de la página electrónica www.barrasonorense.com o en el Facebook, Barra Sonorense de Abogados, ”fue elaborada por miembros integrantes de este colegio”.

El presidente de la BSA apuntó que desde el anuncio de las alzas a los combustibles, “inició el proyecto de demanda con el análisis de la reforma que dio origen al aumento, coordinados por el Lic. Ernesto Moreno Bojórquez, donde se planteó la urgencia de trabajar a favor de la sociedad sonorense y mexicana en general”.

Sobre el documento, a disposición de cualquier ciudadano dentro y fuera de Sonora, expuso que “es un formato práctico y sencillo para facilitar el llenado de la demanda y la integración de la misma que deberá estar acompañada de una factura de consumo de gasolina, la tarjeta de circulación y una identificación oficial del interesado”.

Una vez integrados estos documentos, cualquier ciudadano podrá presentarlo en el Juzgado Federal más cercano a su domicilio en cualquier estado del país; por lo pronto, dijo, este jueves en Hermosillo el Juzgado Primero de Distrito admitió para su trámite la primera demanda de amparo promovida, de manera gratuita, por la Barra Sonorense de Abogados.

Respecto a la solicitud de inconstitucionalidad a la CNDH, Villa Miranda indicó que “se acordó solicitar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ejerza la facultad de plantear la acción de inconstitucionalidad en contra de estos actos de autoridad, por vulnerar derechos humanos previstos en nuestra Constitución Federal y en convenios internacionales de los que nuestro país forma parte”.

Resaltó que “en el Tercer Párrafo del Artículo 28 constitucional  se establece que el Gobierno fije precios a determinados artículos, materias y productos que han sido considerados como de consumo necesario popular, así como que imponga modalidades a la organización de la distribución de los mismos, teniendo por objeto evitar el desabasto o el alza de precios en perjuicio de la sociedad”.

“Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”.

Entre la fundamentación legal de la Barra Sonorense de Abogados destaca lo siguiente:

Del señalado mandato Constitucional se deduce que tiene por objeto proteger a los consumidores, concerniendo así una garantía a toda la colectividad, esto es, una garantía de carácter social, al evitar que se incurra en alguno de los siguientes supuestos:

1.     La imposición de precios elevados a productos que la colectividad adquiere para su supervivencia;

2.     El desabasto de artículos, mercancías y productos para la sociedad; y

3.     Se eviten ventajas exclusivas e indebidas a favor de unas cuantas personas: productores, comerciantes, distribuidores, industriales y empresarios de servicios o intermedios; en perjuicio del grueso de la población.

 Así pues, con estas garantías se busca asegurar a la población la existencia de productos de consumo necesario a su alcance, tanto por lo que hace a que estén a su disposición en los comercios, como por lo que se refiere a que esos productos tendrán un costo accesible a sus posibilidades económicas; por tanto, estos preceptos consagran garantías sociales de rubro económico, garantías que no favorecen a una persona o grupo determinado, sino a toda la población, entendida bajo el común denominador de consumidores.

Toda vez que el objetivo del Estado no está en lograr la máxima ganancia posible, sino en diseñar y manejar la estrategia nacional de desarrollo económico en beneficio de todos los Mexicanos. Pues ese es el sentido que prevalece en el 28 Constitucional y que en sí, la Constitución le ha conferido a la economía Mexicana, esto es, que nuestra Carta Magna no comparte los principios de una economía liberal a ultranza.

Entonces y como se dijo, el Artículo 28 Constitucional en análisis consagra garantías sociales de rubro económico, pues no favorecen a una persona o grupo determinado, sino a toda la población. Por tanto es derecho social es derecho del consumidor y consecuentemente es derecho humano. Siendo ese el bien jurídico protegido por ese precepto constitucional, es decir, el derecho humano del consumidor. Principio y/o valor jurídico que debe considerarse fundamental para la vida social y que, sin duda, el Estado Mexicano debe considerarlo fundamental. Lo que naturalmente significa que debe ser respetado por el legislador y el juzgador. El primero cuando crea la ley, y el segundo cuando la aplica.

Lo anterior deriva en una violación de derechos humanos, como el derecho al desarrollo a la familia, la seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, equidad, fundamentación y motivación, derechos humanos que deben ser respetados según lo ordena la Constitución y Tratados Internacionales.

Es por eso que la Barra Sonorense de Abogados, en derecho de petición que le faculta el Artículo 8 de la Constitución Federal, ha realizado la petición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerza su facultad que le confiere el inciso g) de la Fracción II del Artículo 105 de la Constitución Federal, consistente en que accione ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad contra el alza a los combustibles.



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Comentarios



MARIELA RIOS

GRACIAS DOSSIER POR LA INFORMACION VALIOSA Y NECESARIA PARA TODOS LOS SONORENSES, NO AL GASOLINAZO.

2017-01-19
susy varela villa

ENTONCES SI PROCEDEN ME DA MUCHO GUSTO SABERLO Y CLARO HAY QUE PARTICIPAR.. no podemos quedarnos mirando como el chinito.

2017-01-19

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