Ofrece gobierno a Telemax en garantía de pago por deuda pública





Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico

Dia de publicación: 2018-12-05


Activos de los sonorenses fueron convertidos a entidades sujetas de crédito quedando indistintamente cinco de ellas con la denominación: Fideicomiso de Contratación de Deuda, Fideicomiso de pago de Deuda, Fideicomiso de refinanciamiento con fuente y garantía de pago de Deuda y/o Fideicomiso con vehículo de pago de Deuda. Esta modalidad permite al gobierno liberar empréstitos a discreción con cargo a las siguientes entidades públicas:

Fondo para las Actividades Productivas del estado de Sonora, FAPES; el Fondo para la Modernización de Transporte, FEMOT; El Fideicomiso Promotor Progreso: la Comisión Estatal del Agua (CEA) y LA Televisora de Hermosillo, S.A, TELEMAX

La figura jurídica de esta maroma financiera permite al gobierno no someter la contratación de deuda a la autorización del Congreso del Estado en futuros empréstitos de largo y corto plazo además que le asiste el derecho de disponer de financiamiento cuando así lo desee, una vez cubiertos y a salvos derechos y otros requisitos legales de rigor mínimo.

Además, evita al gobierno someterse a la calificación crediticia aplicada por casas evaluadoras de deuda al que la ley obliga a otros deudores de la misma naturaleza y, lo mejor para la administración estatal, no se constituye como sujeto obligado para efectos de trasparencia informativa, igual no se le aplicarán auditorías o fiscalización, local o superior, más allá que lo hagan los órganos de control de casa, tan de manso proceder, pero de feroz cobrar: El ISAF y la Contraloría.

A los Fideicomisos citados, la CEA y Telemax les fue transferido el peso de la deuda total del gobierno que a la fecha ronda los 21 mil millones de pesos, pero el próximo ejercicio fiscal subirá a 26 mil millones de pesos por un empréstito que se anuncia en la ley de ingresos a ejercer a partir del primero de enero del 2019.

El gobierno del estado firmó un contrato de refinanciación de pasivos Bancomer con los bancos de los catorce acreedores del adeudo total y en ese instrumento acordaron con la Secretaría de Hacienda liberar al gobierno central de los compromisos, y si eso no bastara, facultan a la administración para adquirir más deuda con cargo a los fiduciarios.

Como lo ha informado Dossier, el gobierno del estado ocupa el quinto lugar en el país con más deuda y el primero con un estrés del peso de los compromisos que debilitan su autonomía financiera ponen en un riesgo alto sus finanzas por lo la última alerta sobre su calificación le coloco en color amarillo.

El gobierno que encabeza Claudia Pavlovich está dispuesta a enajenar vía remate no pocos bienes del patrimonio sonorense, entre los que podrían estar el Delfinario Sonora, edificio Banca Cremi, el estadio Héctor Espino y otros que están en depósito garante del Fondo de Pensiones del ISSSTESON.

Se intuye que el mismo derrotero que de esos inmuebles podría seguir Telemax y sucumbir a la voracidad de un gobierno incapaz de comprender que hoy por hoy la televisora es un bien de todos los sonorenses y no de un gobierno en turno.

El escenario sobre un desencuentro entre estado y federación fue previsto, incluso, desde antes de las elecciones de julio pasado por la administración de Pavlovich Arellano, puesto que, desde el mes de diciembre del 2017, si no es que antes, el aparato de asesores del gobierno inició el tejido de un escudo financiero y legal con el objeto, primero, blindar a la jefa del ejecutivo de cualquier contingencia, después, al gabinete.

Pero sobre lo anterior, se buscó y logró que la tesorería estatal transitara en números negros hacia el tercer cuarto de la gestión pavlovichista y le ofreciera a gobierno y gobernante la comodidad que ofrece una chequera disponible en todo momento en la cosa pública y donde los gobernados han quedado excluidos.

Solo así sería fue posible que los cerebros financieros de la administración hicieran posible empaquetar la deuda pública del estado en un grupo conformado por tres fideicomisos públicos estatales, una empresa productiva y otra entidad paraestatal descentralizada.  Las cinco, entidades preexistentes en el organigrama estatal y ahora son responsables sustitutos de una deuda directa y las consecuencias, financieras, legales y políticas sobre tales compromisos.

El traspasar la deuda a los fideicomisos y dos entidades paraestatales, el gobierno central se despoja del incómodo estas de deudor responsable y ello le ofrece posibilidades más que relajadas para disponer de financiamiento con cargo a los entes fiduciarios prácticamente cuando le plazca, aun cuando a ojos de la sociedad, los fideicomisos no tienen nombre ni apellido, ni son sujetos del reclamo popular.

En el acceso al financiamiento no hay necesidad de la aprobación del legislativo local ni inscribir los contratos de financiamiento en la Secretaría de Hacienda federal, además el ejecutivo evade la monserga de las auditorias de la ASF o las detestables calificaciones de las casas evaluadoras transnacionales.

Con esta está “reconducción”, la deuda pública queda legalmente endosada por la gracia de la ingeniería financiera del gobierno a las siguientes entidades fiduciarias:

Fondo para las Actividades Productivas, FAPES; Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, FEMOT; Fideicomiso Promotor Urbano; la paraestatal descentralizada, Comisión Estatal del Agua, CEA y Televisora de Hermosillo S.A., TELEMAX.

Estas, ya sea en conjunto o en lo individual, quedan constituidas en el contrato de refinanciamiento del mes de abril de este año con Banorte, Bancomer, Banco del Bajío, Banca Mifel entidades bancarias en fuente y garantía de pago para cualquier, vehículo a crédito y todas las atribuciones para disponer de financiamiento a nombre del gobierno y, este, a su vez, se mantiene al margen en su carácter de aval solidario no obligado.

No es casualidad que Telemax se le coloque en eminente riesgo y peligro latente de ser desincorporada del patrimonio estatal como empresa productiva y que sea fuente de garantía para el pago de vencimientos o cualquier contingencia crediticia o, simplemente por la decisión de la administración para que la televisora de estado quede en manos de algún grupo afín al gobierno en turno. En la misma situación estarán los organismos de agua municipal que administra la CEA y otros activos que tiene bajo su responsabilidad.



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