Dislate de senadora Téllez generó reacción y mofa entre abogados



El exabrupto cometido por la senadora electa por morena ha servido para que estudiosos del derecho salgan a explicar la forma en que solo se puede combatir el paquete de reformas constitucionales aprobados días a otras por la legislatura sonorense y, a la vez, para ir conociendo la otra cara de quienes representarán a los sonorenses en el parlamento federal.

Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico

Dia de publicación: 2018-08-10


Ni como legisladora, tampoco como ciudadana, la senadora sonorense por Morena, Lilly Téllez García, está legitimada para impugnar mediante juicio de amparo las reformas constitucionales aprobadas por la legislatura de Sonora, puesto que estas son recurribles vía acción de inconstitucionalidad o controversia, según sea el caso, tramitadas ante el Máximo Tribunal de la Unión.

El abogado sonorense y conocedor del derecho legislativo mexicano, Marco Antonio Andrade Aguirre, opinó lo anterior respecto del anuncio ventilado la víspera por la periodista en receso y senadora electa por Sonora, Lilly Téllez García, quien, tras conocer la aprobación de las reformas constitucionales por la mayoría absoluta de la legislatura local, anunció a través de su cuenta de Twitter que recurriría al juicio de amparo para combatir el acto de la soberanía legislativa.

"El amparo, como tal, resulta improcedente en este caso, puesto que la voluntad de la legislatura al aprobar las reformas constitucionales en nada afecta los derechos ciudadanos o políticos de la señora Téllez, ni tampoco se lesionas su interés jurídico. De pretender tramitar un amparo la senadora, cualquier juez de distrito lo desecharía por notablemente improcedente", resumió Andrade.

El dislate de Téllez exhibido en redes sociales ha sido criticado por la comunidad de profesionales del derecho, sobre todo, al provenir de la investidura de senadora que pesa sobre quien también ha sido comunicadora en el plano nacional; De alguien, critican, que a todas luces desconoce sobre lo más elemental de los medios de control constitucional dentro del sistemas jurídico mexicano.

Peor aún, lamentan algunos jurisconsultos, cuando la senadora morenista evidencia que carece de asesoría para opinar públicamente sobre una materia por ella desconocida y que será representante de los sonorenses en la cámara alta del Congreso de la Unión.

Las multicitadas reformas aprobadas constituyen un acto de autoridad de un poder soberano y sus efectos inciden sobre el resto de los poderes o entidades autónomas, como serían el poder ejecutivo y el judicial, los ayuntamientos, el tribunal de justicia administrativa y otros organismos contenciosos y de estructura concejal independientes de cualquier poder, según explicó el profesional del derecho consultado por Dossier.

Las reformas tendrán que ser impagadas por la vía de la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad cuya acción corresponde al por lo menos el 33 por ciento del total de diputados de la legislatura local o federal, la PGR y el representante del poder ejecutivo local a través de la Fiscalía Estatal.

¿Qué es la Acción de inconstitucionalidad?

Recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas que pueden ser catalogadas como inconstitucionales.

Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores y las legisladoras federales o locales o, quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna.

También pueden promover acciones de inconstitucionalidad: el Procurador General de la República; los partidos políticos con registro ante el INE; o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales; así como la CNDH y los organismos locales en la misma materia.

Dichas acciones podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. En el caso de los diputados podrán interponerse en contra de leyes federales. Por su parte, los senadores podrán hacerlo en reconvención de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

Si la SCJN declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, ésta no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.

 ¿Qué es la controversia constitucional?

 Es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), o entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados.

Se le considera un procedimiento de control de la regularidad constitucional.

El promoverte plantea la existencia de un agravio en su perjuicio cuando un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general como son una ley, un reglamento o un decreto, y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno.

Pueden ser impugnados todo tipo de actos de autoridad y normas de carácter general, excepto en lo relativo a la materia electoral.

La controversia tiene como finalidad primordial fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución. Cabe señalar que el Poder Judicial de la Federación no está facultado para iniciarlos como parte. Asimismo, no es posible iniciar controversias constitucionales en contra del Poder Judicial de la Federación ni de los órganos que lo integran.

En la Cámara de Diputados se contempla que el legislador que pretenda interponer una demanda de controversia constitucional deberá presentar solicitud por escrito ante la Junta de Coordinación Política la cual solicitará a la Mesa Directiva que el área jurídica de la cámara emita, en un plazo no mayor de cinco días, una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la misma.

En caso de ser procedente se someterá a votación del Pleno. Asimismo, el presidente de la Mesa Directiva podrá, por sí mismo, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta.

tratándose de normas generales publicadas con anterioridad al inicio de vigencia de la o las leyes reglamentarias, su impugnación mediante la controversia constitucional, puede realizarse dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que entró en vigor aquélla

O bien, dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma controvertida, pues con este criterio se respeta en toda su extensión la doble oportunidad que el legislador confirió a los órganos de poder para cuestionar la constitucionalidad de normas generales.



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