Propone Confederación de Abogados libertad a Casandra Gil si repara el daño



Un grupo de abogados confederados se reunió con el Fiscal Estatal para plantear una salida legal al caso de Casandra que no cause daño emocional a ninguna de las partes. Proponen un acuerdo de reparación de daños entre la parte ofendida y la joven trabajadora de la casa de empeño y que ésta enfrente el proceso penal en plena libertad, ya que actualmente sigue en el CERESO femenil, acusada del delito de aceptar en prenda un artículo que resultó robado de una vivienda de la capital sonorense.

Redacción Dossier Politico

Dia de publicación: 2017-10-10


La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de la República Mexicana recomendó al Fiscal General del Estado una salida legal alterna en el asunto  penal de Cassandra Gil Urías, la empleada de una casa de empeño que sigue privada de su libertad en el CERESO femenil, acusada de cometer un delito al aceptar en prenda un artículo electrónico que resultó robado en un domicilio de esta capital.

Este lunes, una comitiva de abogados adheridos a la Federación Sonora y encabezados por su dirigente nacional, Francisco Alcarás García, se reunieron con el Fiscal de Sonora, Francisco Montes de Oca, a efecto de proponerle un esquema legal para que la joven bajo arresto preventivo en el CERESO femenil Hermosillo I, enfrente su proceso penal en libertad.

Luego de analizar la situación legal de Cassandra Gil, los abogados de la Federación Sonora determinaron proponer  un acuerdo reparatorio del probable daño ocasionado, como medida alterna a la pena privativa de la libertad  en la modalidad preventiva que lleve a la joven trabajadora de la casa de pignoración a seguir el proceso penal en libertad en tanto su defensa jurídica decide lo conducente en el negocio judicial que le ocupa.

El presidente de los abogados confederados en el país, Francisco Alcarás García explicó que la propuesta al Fiscal General del Estado se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 186 y 187 y otros relativos, del Condigo Nacional de Procedimientos  Penales.

Los numerales invocados prevén el acurdo reparatorio que pueden celebrar  la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control, y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal.

Acorde con lo previsto por el artículo 187, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el acuerdo reparatorio procederá únicamente en los casos siguientes:

I. Sobre delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido;

II. II. Delitos culposos;

III. y III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.

No podrá operar la reparación del daño en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, o bien,  cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas, así como en el caso que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto.

Sin embargo, el ministerio público como responsable del ejercicio de la acción ante los tribunales penales y el juez de control que conoce del asunto penal de Casandra Gil Urías, deberán ponderar la hipótesis de un tercer  agraviado menor de edad  en el delito que se persigue en esta causa penal.

Es decir, que un menos pueda resultar revictimizado por un eventual acuerdo de reparación del daño al que pudiesen llegar la acusada y el ofendido, o el representante de este si no tiene mayoría de edad, sobre  el entendido que el cuerpo del delito lo constituye un equipo digital para video juegos de la firma comercial Play Station.

Evitar la revictimización del ofendido menor de edad y velar por su bien superior en toda decisión del juez, máxime en aquella tendiente a eliminar las medidas de seguridad impuestas al acusado, como sería la prisión preventiva de Casandra Gil, es lo que los magistrados de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han razonado en una tesis aislada emitida y que establece:

 

“El perdón del ofendido no es procedente cuando la extinción de la causa penal afecte la dignidad de la víctima menor de edad. Proteger la dignidad del menor en el proceso penal implica evitar que sea humillado, degradado o envilecido.

 Así, para determinar la procedencia del perdón del ofendido, el juez debe asegurar que la extinción de la acción penal, el sobreseimiento de la causa o la eliminación de las medidas de seguridad impuestas al agresor, no provoquen algún tipo de sufrimiento, intimidación, situación de riesgo o amenaza para la dignidad personal del menor. Para ello, el juez debe analizar la naturaleza del delito, esto es, ponderar qué bien jurídico protege, y si éste incide en los valores resguardados por el derecho a la dignidad humana, así como evaluar si la forma y lugar en que se cometió el delito, constituyen, en sí, una forma de humillación o trato degradante.”

1 Época: Décima Época. Registro: 2011389. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: 1a. XCIX/2016 (10a.). Página: 1125


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