“Histórico nivel de corrupción”: Francisco Javier Acuña



Francisco Javier Acuña. Consejero Presidente del INAI. En los casos de los ex gobernadores y otros que afloran frecuentemente en la prensa, se tiene que encontrar, primero que nada, la aplicación de la justicia. Estos casos han salido a la luz gracias a la acción de instituciones de transparencia

Tomado de: Luciano Franco / Crónica

Dia de publicación: 2017-09-13


Los datos personales siguen traficándose en México, indica el consejero presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. En entrevista, señala que el mercado negro de bases de datos creadas por particulares genera robos de identidad y en las cárceles facilita el uso de internet como una herramienta delictiva. Eso explica que una hora de internet sea más cara en prisión que comprar tiempo para una visita conyugal, señala el consejero presidente.

Acuña Llamas es consultado por Crónica para abordar este tema, ligado a casos (tratados por Crónica en las últimas semanas) como los fraudes bancarios o la venta de membresías en centros vacacionales. En ambas situaciones los delincuentes cuentan con datos personales de la víctima, lo que hace su actuar más efectivo.

—¿Qué tan delicado es en México el delito del uso ilegal de datos personales?

—Es grave, sin duda. Hay un extendido mercado negro de las bases de datos personales que instituciones bancarias, empresas telefónicas, tiendas departamentales, agencias de viajes, de venta de tiempos compartidos, entre otras, tienen en su poder y utilizan ilegalmente el listado adquirido.

—¿Cómo tienen esas empresas los números telefónicos y hasta los datos de las tarjetas de crédito o débito personales?

—Las compañías con las que uno tiene firmados contratos de cualquier índole poseen esos datos, aunque existe un compromiso expreso de confidencialidad, pero aquellas que la gente no tiene liga alguna, desde luego están haciendo un uso inadecuado o hasta ilegal de los datos personales.

—Los bancos y empresas de telefonía son con frecuencia las que más lata dan, ¿no es cierto?

—Sí, es verdad, y lo padecemos todos. En ocasiones las llamadas a los teléfonos personales, por ejemplo, de parte de las diferentes empresas de telefonía fija o móvil, se convierten en un tormento, en un verdadero calvario, en un calabozo telefónico, y provienen precisamente de ese uso inadecuado de los datos personales.

—Pero a uno le hablan hasta de las cárceles para extorsionarlo, en el peor de los casos, ¿no es inaudito?

—Por supuesto que lo es. Ahí son las autoridades competentes las que tienen que habilitar los inhibidores de señales de telefonía, pero es cierto, hasta a los reclusorios federales o locales llega ese mercado negro de datos personales que se usan, en ese caso, para extorsionar a las personas o cometer fraudes a las empresas. Incluso, se sabe que es más cara una hora de internet que el costo de una visita conyugal al interior de una cárcel en México.

—¿Qué otros problemas puede acarrear este tráfico de datos personales?

—Uno de ellos, de los más peligrosos incluso, es el robo de identidad. A través del mercado negro de datos personales se puede derivar en el robo de identidad, que puede usarse para hacer pasaportes, credenciales de elector y de hecho cualquier documento oficial para fines ilícitos, desde luego.

—¿Hasta dónde está el alcance del INAI para atender este tipo de problemas?

—Hay que entender una cosa. Cada institución debe actuar, por ordenamiento de ley, estrictamente dentro de sus facultades. Es decir, el INAI no puede meterse en lo que se refiere a la compra ilegal del banco de datos de los mexicanos. Eso corresponde a una autoridad distinta. En caso concreto, si una persona, por ejemplo, acude al INAI y denuncia que algún o algunos bancos, empresas telefónicas, tiendas departamentales o alguien más tiene en su poder y aparentemente hace mal uso de sus datos personales, desde luego iniciamos una carpeta para determinar si existe en verdad un ilícito. La gente que se sienta afectada puede recurrir de inmediato al 01800 835 4324. Se le atiende de inmediato.

—¿Hay diferencia entre los datos que tienen las entidades públicas y las privadas?

—Sí desde luego, las instituciones públicas están obligadas a salvaguardar los datos personales de los individuos o cualquiera de sus área de atención o servicio, y el INAI nace precisamente para proteger esos datos, pero en el caso de particulares, si bien existen leyes al respecto, se vuelve más complicado en razón precisamente de que, por ejemplo, una tienda departamental o una telefónica, hace uso de los datos personales no sólo para enviar publicidad u ofertas, sino que añade estos “servicios” a las referencias del titular del contrato.

—¿Cómo se encuentra la ciudadanía en cuanto a ese robo de datos personales?

—La verdad es que es una situación muy complicada. Hay gente profesional que, incluso, sin necesidad de comprar esas bases de datos, las obtiene a partir de una labor digital cibernética, y cuando la gente se da cuenta, sus datos ya están en otras manos en forma ilegal. Porque, además, devuelves la llamada para pedir que no te molesten más y no es posible debido a que se trata de un call center y no hay manera, tampoco, de bloquear ese número.

—¿Por qué se centra más este tipo de situaciones en los bancos?

—Porque casi todos, excepto desde luego los niños y las personas más pobres en este país, tenemos un vínculo y una relación constante e incesante con los bancos. Ahí nos pagan, ahí hacemos depósitos, contamos con una tarjeta de débito o de crédito; si solicitamos una tarjeta para un crédito en una tienda departamental, se cruza la información con los bancos, etcétera, es por esos que es con los bancos la relación más frecuente.

—¿Se trabaja de manera coordinada, por el ejemplo, con la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), para frenar ese tipo de acciones?

—Estamos en contacto con todas las instituciones y dependencias vinculadas, pero como antes señalé, cada área tiene sus responsabilidades y no pueden ser invadidas. La Condusef atiende las violaciones en servicios de carácter financiero que pudieran presentarse, y el INAI atiende la defensa sobre el tratamiento de los datos personales, aquellos asuntos donde la gente siente que se usan mal sus datos.

—¿Es igual una solicitud o queja en contra de instituciones gubernamentales que las que se interponen contra entes privados?

—No. Cuando se presenta una queja por mal uso de datos personales por parte de una entidad de carácter público, se puede hacer de manera anónima. El INAI no requiere que se conozca el nombre del denunciante, no le importa, pero cuando es contra una institución privada sí es necesario el nombre y los datos del quejoso, porque las empresas tienen también el derecho de saber quién y por qué es denunciado.

“Histórico nivel de corrupción”

El comisionado presidente del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), Francisco Javier Acuña, acepta que en México “la corrupción se mantiene, desafortunadamente, en niveles históricos”, debido a la falla en el diseño de las leyes y las instituciones principalmente.

En esta segunda y última entrega que concedió Acuña Llamas a Crónica, el titular del INAI resalta los avances que significan la creación de organismos e instituciones dedicadas a la transparencia y el combate a la corrupción.

—¿Por qué se mantiene la percepción de que México no avanza en el combate a la corrupción?

—México ha caminado positivamente en lo que se refiere a la transparencia y el combate a la corrupción. Las instituciones creadas para ello, como es el caso del INAI, son una auténtica lupa a través de las cuáles se detectan y se hacen públicos los casos buenos y malos en materia de combate a la corrupción, pero en la percepción de la gente, obviamente, resalta más lo malo.

—¿Es grave lo que ocurre todavía en el país en lo que se refiere a la corrupción?

—La corrupción se mantiene, desafortunadamente, en niveles históricos y se percibe, y se asume en muchos casos, como una manera indebida de arreglar las cosas: Esa idea permea en la sociedad. No sólo en las autoridades, sino también, lamentablemente, en porciones de la sociedad.

—¿Qué está fallando?

—Falla el diseño de las leyes, de las instituciones, la correcta aplicación de las leyes. Por ejemplo, algo cotidiano en todas partes en el país: La economía informal, el mercado negro, revierte por sí sólo la legalidad y, sin duda, presume impunidad a la vista de todos.La sola existencia de la economía informal pervierte y propicia actos incorrectos, con el alto riesgo que significa para comerciantes y autoridades resguardarse en ese hoyo negro de la economía.

—Pese a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se siguen dando casos como los de los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, en fin, muchos otros. ¿Qué ocurre?

—En los casos de los ex gobernadores y otros que afloran frecuentemente en la prensa, se tiene que encontrar, primero que nada, la aplicación de la justicia. Pero insisto: Si estos casos han salido a la luz, es gracias a la acción de las instituciones de transparencia. Pero esto no basta para evitar que casos así se repitan eventualmente.

—¿Qué hace falta, si las instituciones no bastan?

—Desde luego que éstas realicen su trabajo fielmente a los compromisos y objetivos para los que fueron creadas. Pero se requiere, además, la participación decidida de la ciudadanía. En la medida que la ciudadanía no permita, con sus denuncias, que los actos de corrupción queden impunes, se habrá avanzado mucho más que ahora. Se necesita el coraje de la ciudadanía para denunciar, no abandonar la queja, porque también viene la burocracia, y en esa parte los medios de información son vitales para que ello no ocurra.

—¿De qué sirven, entonces, estas instituciones, el Sistema Nacional Anticorrupción, como cabeza de la lucha contra ese fenómeno?

—La corrupción que se ha podido ver y detectar en los últimos años tiene que ver con que hay cada vez lupas más grandes que sirven para ampliar la visibilidad de lo que es bueno y lo que es malo. Ley de Transparencia sirve para denunciar y evidenciar lo bueno y lo malo. Sin embargo, esto,  lo malo, es lo que más brinca a los ojos de la sociedad. Pero el Sistema va funcionando.

—¿Nunca se va a derrotar al fenómeno de la corrupción?

–Las instituciones creadas para ello, el Sistema Nacional Anticorrupción, del que forma parte el INAI, han contribuido a ese combate, pero pensar que esto va a acabar con la corrupción, o que va a generar un cambio en las sentencias que en ocasiones emiten los jueces y que parecen contrarias a lo que piensa o cree la ciudadanía en general, es una utopía.

—Son muchas las instancias dedicadas a inhibir la corrupción, pero la sociedad cree que el fenómeno se mantiene o va en aumento, ¿cómo ve usted esta situación?

—Lo que pasa es que las instituciones están hechas para determinada cosa. Es como en la cocina: No le puedes pedir a la licuadora que haga lo que la batidora, o a la trituradora lo que hace la lavadora de trastes. Cada institución tiene una finalidad, un camino y un método de intervención, y si una institución invade o pisa terrenos ajenos, entonces el proceso, en lugar de avanzar, puede detenerse.

—¿Cuál es el caso concreto del INAI en este punto?

—Por decirlo. Hay veces que nos pasan las cosas por enfrente. Que quisiéramos actuar de inmediato en lo que nos compete, que es la transparencia. Pero resulta que en ocasiones no podemos solicitar la información a otras instancias, por ejemplo, la PGR, porque forman parte de investigaciones en curso y los datos se encuentran en carácter de reservados. Este es sólo un ejemplo. Pero sin duda, nuestros alcances son limitados.

—¿No pueden ir más allá, entonces?

—Somos, el INAI, parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pero al igual que el resto de las instituciones que lo conforman, tenemos límites. No podemos hacer lo que no estamos autorizados que hagamos. En cada procedimiento hay una intervención limitada. El INAI debe actuar sobre una claridad de objetivos. No puede ir más allá.

—¿Cómo observa el fin de la presente administración en materia de transparencia?

—En transparencia el Ejecutivo y sus 250 instituciones están inmersos en un procedimiento de intentar lograr la mejor nota. Es decir, si nos referimos al promedio de que obtuvo el Ejecutivo y su administración, donde se encuentran por ejemplo Pemex, la secretaría de Educación, el IMSS, entre muchas otras, el promedio es bueno, es superior al 70 por ciento de cumplimiento.

—¿Se va bien en ese terreno?

—Organismos como la Conamed (Comisión Nacional de Arbitraje Médico), que obtuvo la más alta nota, o el IMSS, que tienen los mayores registros de obligaciones de transparencia, permiten sostener que la intención del Ejecutivo federal en materia de transparencia, está en los cánones de lo que se puede considerar esperanzador y favorable.

Perfil

Abogado por la Universidad Regiomontana y doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, el entrevistado ha sido catedrático y promotor de los derechos humanos. La materia electoral no le es ajena y desde mayo pasado encabeza el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Utopía

Con el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción, del que forma parte el INAI, se acentuará el combate a comportamientos que están enraizados en muchos ámbitos de la vida nacional. Pero, advierte el entrevistado, pensar que esto va a acabar con la corrupción, o que va a generar un cambio en las sentencias que en ocasiones emiten los jueces y que parecen contrarias a lo que piensa o cree la ciudadanía en general, es una utopía.


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