Piden ayuda internacional contra la impunidad



Activistas de diversas organizaciones solicitan a la Comisión Internacional de Derechos Humanos mecanismos de cooperación para acabar con los casos de corrupción y abuso del Estado mexicano

Tomado de: Imelda García / Reporte Índigo

Dia de publicación: 2017-07-07


Activistas de diversas organizaciones solicitan a la Comisión Internacional de Derechos Humanos mecanismos de cooperación para acabar con los casos de corrupción y abuso del Estado mexicano

Ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil pidieron ayuda mundial para terminar con la impunidad que priva en México.

En una audiencia pública de la CIDH, los activistas hablaron sobre los índices de impunidad en México, que rebasan el 90 por ciento, y sostuvieron que al depender del Ejecutivo las procuradurías del país –incluyendo la federal- no investigan los delitos, especialmente en los que pueden estar involucrados los funcionarios de gobierno.

Los integrantes de la sociedad civil expusieron múltiples casos de impunidad y corrupción; criticaron que las investigaciones no tengan el suficiente análisis para revelar los vínculos de poder político y criminal, además de que el camino hacia la verdad y la justicia esté lleno de obstáculos por acciones ilegales de servidores públicos.

Hablaron, por ejemplo, de los crímenes cometidos por funcionarios de alto nivel –como exgobernadores- o del caso Tlatlaya, donde los soldados que participaron en los hechos manipularon al menos 19 cadáveres para simular un enfrentamiento.

“(Pedimos) que esta ilustre Comisión se sume a la firma de un acuerdo de cooperación para la consolidación de un consejo asesor contra la impunidad, que debería ser firmado entre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y el Estado mexicano.

“Y que esto se lleve a cabo con la mayor participación posible de la sociedad civil y la observación de los organismos internacionales”, pidió Humberto Guerrero, coordinador del área de Derechos Humanos y lucha contra la impunidad de Fundar.

James L. Cavallaro, comisionado de la CIDH, se unió a la petición para México y pidió que se dé cumplimiento a la recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para establecer este comité de asesoría.

“(Considerar) la posibilidad de establecer un consejo asesor de renombradas y renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsan las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país”, pidió el comisionado.

Abiertos al escrutinio

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y quien representó al Estado mexicano en esa audiencia, sostuvo que México siempre ha estado abierto al escrutinio internacional.

“Seguiremos estando abiertos, y me parece que hay ejemplos claros de esta disposición. Ciertamente hemos dicho que estos esquemas de acompañamiento, estos esquemas deben estar apegados a las normas internacionales y a la legalidad interna y esa es la frontera que el Estado mexicano, me parece con todo derecho, está planteando”, comentó.

Cuestionado por la sociedad civil sobre qué significa esa “frontera”, Campa respondió que el comité de acompañamiento que se recomendó a México ya está en marcha, aunque no con expertos internacionales porque no fue eso lo que se pidió.

“La recomendación del Alto Comisionado se refiere a expertos; alguien ha comentado aquí que tiene que ver con expertos internacionales, la recomendación se refiere a expertos. Y estamos avanzando en un diálogo para fortalecer estos esquemas de participación de la sociedad y de expertos en los temas que tienen que ver con la justicia y la impunidad”, acotó.

Campa dijo que la principal causa de la ilegalidad en México es el crimen organizado que se dedica al narcotráfico.

La sociedad civil solicitó también a la CIDH que se llame al Gobierno de México a construir una Fiscalía General independiente con un modelo de parlamento abierto, en el que haya verdadera participación ciudadana y se tenga conocimiento en todo momento de lo que ocurre en los debates y negociaciones en el Congreso de la Unión.

Acusa GIEI espionaje

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigaron la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusaron que pudieron ser espiados con el malware Pegasus.

En medio de la tercera audiencia pública sobre temas de México, los comisionados de la CIDH dijeron haber recibido una carta en la que los investigadores afirman haber recibido mensajes parecidos a los que fueron denunciados por activistas y periodistas hace unos días, cuando se acusó que el Gobierno mexicano los había espiado mediante el uso de ese malware.

“Quisiera enfatizar una parte que dice (la carta), nos informa que varios de los miembros del Grupo, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo del 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México (…) es un tema de extrema preocupación”, sostuvo el comisionado James Cavallaro.

Previamente, Humberto Guerrero, de Fundar, había lanzado un cuestionamiento sobre el espionaje a periodistas y activistas.

“Casos como el del gobierno espía constituyen un quebranto de uno de los valores más básicos de una democracia participativa ya que ¿cómo participar en la construcción de soluciones conjuntas a través de un diálogo franco y constructivo, con un Estado que al mismo tiempo nos trata como sus enemigos?”, expuso.

Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) reiteró que ya se ha hecho la invitación a que todos los afectados entreguen sus teléfonos celulares para llevar a cabo las indagatorias.


http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/activistas-organizaciones-sociedad-civil-derechos-humanos-abuso-gobierno

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