Claudia ¿les mojó la pólvora?





Héctor Froylán Campos Dossier Politico

Dia de publicación: 2017-01-12


La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano acaba de poner sobre la mesa del debate una interesante propuesta cuyo propósito está encaminado a paliar los efectos del llamado gasolinazo en un sector estratégico de la economía sonorense como es el transporte urbano.

Pero la idea de sugerir un recorte del 50% a las prerrogativas que recibirán este año los partidos políticos —algo así como 102 millones de pesos— a fin de utilizar el recurso en la subvención del servicio público, supone una carambola política de varias bandas.

Para abrir boca y con independencia de que en el corto o mediano plazo se pueda o no concretar la medida, me parece que en la indirecta lanzada por la Gobernadora está implícito el objetivo de mojar la pólvora a las organizaciones civiles y partidistas que protestan por el aumento al combustible, culpando al gobierno priista de ser responsable de la crisis, la carestía y otros males.

Ciertamente, hace unos días, la gobernadora Pavlovich declaró que no aumentaría la tarifa del pasaje urbano. Sin embargo, la promesa tiene un plazo perentorio de tres meses. El alza en el servicio de transporte público se antoja francamente inevitable a partir del alto costo que registra su principal insumo para operar: el combustible.

Luego entonces, nadie con dos dedos en las sienes podría reñir con la proposición de la mandataria de que sea el Estado y no el usuario quien asuma el coste de ese irremediable ajuste en la tarifa.

Seguramente que los concesionarios y las autoridades del transporte deben estar arrastrando el lápiz para evaluar el impacto financiero que tendrá (o tiene ya) el costo del pasaje urbano a causa del gasolinazo. Y si por la víspera se saca el día, es evidente que el aumento será tan drástico como la decisión tomada por el gobierno federal.

En ese sentido, resulta plausible la preocupación de la titular del Poder Ejecutivo por explorar las posibles alternativas que permitirían al gobierno disponer de recursos para amortiguar —insisto— la inminente alza a la tarifa, algo que sin duda implicaría un severo golpe a la de por sí vapuleada hacienda de las familias sonorenses.

Y bueno, la idea de reducir al 50% el financiamiento público que recibirán este año los partidos políticos me parece una propuesta atinada, correcta y viable. Desconozco si esa bolsa de poco más de 50 millones de pesos será suficiente para atenuar el costo del ajuste tarifario y desterrar así la incertidumbre que amenaza al bolsillo de la gente.

Donde sí abrigo la mayor de las certezas, es que un posible recorte a los dineros públicos que perciben los institutos políticos vía prerrogativas establecidas en la ley, más allá de ser en este caso una medida urgente y socialmente necesaria, de seguro habrá de cosechar el más amplio reconocimiento de la ciudadanía que, un día sí y otro también, ha venido pugnando desde tiempos inmemoriales por una disminución del subsidio que el Estado otorga a los partidos, mismo que varía y aumenta notablemente a partir del año previo a la fecha de los comicios.

Aquí vale preguntar a las dirigencias de las organizaciones políticas opositoras al PRI si en verdad están mortificadas por las causas del pueblo: su economía, sus ingresos, su alimentación o para acabar pronto, su bienestar; o solo están aprovechando la coyuntura para lucrar políticamente con el malestar social que generó la dacroniana disposición del gobierno federal.

En cualquiera de ambas vertientes, lo cierto es que la más mínima insinuación por tratar de desacreditar la idea o rechazar la discusión en torno al planteamiento de la gobernadora Pavlovich, dejaría a los dirigentes políticos en una posición sumamente vulnerable a los ojos de los ciudadanos. Mucho temo que una postura en ese sentido, los despojaría de argumentos para enarbolar banderas justicieras y continuar sacando raja del descontento social; amén de que su actitud sería exhibida como un gesto mezquino, pichicato y totalmente contrario al sentimiento de solidaridad que debe acompañar a sus representados en la defensa de sus intereses, sobre todo en momentos tan críticos como los actuales.

Lo más probable es que a las directivas partidarias —con excepción del PRI que por supuesto ya se sumó a la convocatoria de la Gobernadora— no les agrade mucho la jugada de verse sometidos entre la espada y la pared. Me atrevo a pensar que en aras de salvaguardar sus prebendas, es decir las millonarias sumas de dinero que aportan los contribuyentes sonorenses al subsidio de los partidos, los líderes políticos habrán de apelar al respeto puntual del derecho que les asiste y consagra la Constitución mexicana de percibir esas prerrogativas, pero igual el discurso para blindar sus arcas podría versar sobre la necesidad de que el gobierno siga achicando la nómina y el gasto corriente del obseso aparato público.

Pero repito: cualquier postura que transite en sentido opuesto a la sugerencia de mermar el financiamiento público a los partidos políticos con el propósito de utilizar esos recursos para evitar que la economía de los usuarios del transporte se vea afectada por el aumento a la tarifa, no será una apuesta inteligente.

En fin: mejor esperemos reacciones que el tema ya está servido en la mesa del debate.

A ver si les resulta…



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