Huachicol: La danza y andanzas de los gobernadores





Abrahám García Ibarra/


Dia de publicación: 2019-01-10


Las 32 entidades federativas suman en su conjunto una deuda pública de 700 mil millones de pesos.

Hay gobernadores en funciones que reconocen que sus estados dependen hasta en un 90 por ciento de las participaciones federales.

Con aquellos recursos de la Federación, los mandatarios estatales se liberan de su responsabilidad de promover legislaciones de orden fiscal por lo menos para fondear su gasto corriente, absorbido en su mayor parte por una burocracia improductiva.

Donde el huachicol empezó a sentar sus reales

Aunque ya había expedientes públicos sobre la corrupción estatal, es a partir de 2012 -sólo cuando a las gubernaturas empezaron a llegar candidatos de partidos diferentes al PRI-, los nuevos jefes de Ejecutivo empezaron a actuar administrativa y judicialmente contra sus antecesores.

Según reportes de Inteligencia militar, son ya 26 estados en los que sentó sus reales el huachicol, actividad que se atribuye al crimen organizado.

Las mismas fuentes revelan que esa actividad criminal se gestó en los estados productores, refinadores o grandes consumidores de petróleo y sus derivados.

Sólo para ilustrar el tema, seleccionamos los estados de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Chihuahua.

De esas esas siete entidades, respectivamente fueron gobernadores Andrés Granier Melo, Javier Duarte de Ochoa, Tomas Yarrington y Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas); Rodrigo Medina de la Cruz, Humberto Moreira, Guillermo Padrés Elías y César Duarte.

Esos ocho ex mandatarios –siete del PRI y uno del PAN, todos socios de la Conferencia Nacional de Gobernadores– han sido indiciados en cortes estadunidenses y tribunales mexicanos por presunción de quebranto al erario público, vínculos con los cárteles del narcotráfico, lavado de dinero, etcétera.

Existen suficientes elementos para documentar que el huachicol apareció desde hace tres o más sexenios como rentable extensión de los negocios del crimen organizado.

Como el avestruz: Enterrando la cabeza en la arena

Retomamos el dato: En 26 estados de la República hay presencia del huachicol.

En pasada entrega consignamos que, de 26 gobernadores estatales, sólo el ex mandatario de Guanajuato, Miguel Márquez, con el respaldo de la comandancia militar en la entidad, expresó su preocupación ante el ex director general de Pemex, José Antonio González Anaya, por la violenta pugna por el control del huachicol, atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación, que ha disparado el indicador de asesinatos en el estado.

¿Por qué los otros 25 gobernadores asumieron la actitud del avestruz, enterrando la cabeza en la arena?

Filtraciones que hicieron abortar acciones contra el narco

Citemos un antecedente: Cuando se han acometido operaciones contra los cárteles de la droga en los estados, a cargo de la Secretaría de la Defensa o corporaciones de la Procuraduría de la República, los responsables pretendieron actuar con sigilo, temiendo que filtraciones previas hicieran abortar esas acciones punitivas.

Se dio por fin la crisis de abasto de gasolinas. Se habla de que entre seis y nueve estados resienten con mayor intensidad los remesones de esa crisis.

Hace dos días se reunieron en la Ciudad de México socios del sindicato de gobernadores, llamados a exponer sus criterios sobre la puesta en operación de la Guardia Nacional.

Domínguez y Aureoles querían avisos previos

En ese contexto, fueron abordados por los periodistas los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez (PAN) y de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo (PRD).

Ambos mandatarios protestaron porque el cierre de oleoductos se determinó sin información previa a los gobernadores.

Domínguez declaró paladinamente que hubiera bastado una simple comunicación, porque siempre hay que decirles a los ciudadanos lo que puede pasar, para que se prevengan.

¿De veras es tanta la preocupación por prevenir a “los ciudadanos” sobre esas acciones que, por su naturaleza, requieren utilizar el factor sorpresa? ¿No serían otros intereses a los que gobernadores como, el de Querétaro, les urgía prevenir?

Aureoles Conejo informó que envió al director de Pemex, Octavio Romero, una carta para solicitar información sobre cuándo se normalizará el abasto de gasolinas, porque ya hay conatos de violencia en su estado (ay, tan pacífico).

Domínguez exigió que el gobierno de López Obrador asuma las consecuencias “por el daño causado a los consumidores”.

Sospechamos que esas dañinas consecuencias para la sociedad en general se hubieran al menos mitigado si los gobernadores de 26 estados no hubieran volteado la cabeza a otro lado cuando irrumpió y se desarrolló exponencialmente en sus entidades el huachicol. Es cuanto.


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