Federalismo, gobernadores y delegados



La propuesta del nuevo gobierno de reducir el número de delegados federales para designar en su lugar a un solo “coordinador de programas sociales” para cada entidad —los así llamados super delegados— ha suscitado un renovado debate sobre un tema importante: el federalismo en México



Javier Aparicio/


Dia de publicación: 2018-12-06


La propuesta del nuevo gobierno de reducir el número de delegados federales para designar en su lugar a un solo “coordinador de programas sociales” para cada entidad —los así llamados super delegados— ha suscitado un renovado debate sobre un tema importante: el federalismo en México

06 de Diciembre de 2018

El federalismo es, antes que nada, una forma de gobierno en la que conviven por lo menos dos niveles —digamos, el gobierno federal y local— con la misma jerarquía. En el contexto mexicano, por eso hablamos de una federación de estados libres y soberanos, cada uno de ellos integrado por municipios libres. Un concepto relacionado, pero distinto, más propio de la teoría económica y las finanzas públicas, es el llamado federalismo fiscal, el cual se refiere a la división óptima de las facultades de gasto y recaudación de impuestos entre los diferentes niveles de gobierno.

En cuanto al gasto, por ejemplo, suele pensarse que corresponde al gobierno federal encargarse de los criterios de política macroeconómica o los proyectos de infraestructura nacional, mientras que corresponde a los gobiernos estatales o municipales encargarse de la provisión de bienes públicos locales como calles o caminos, o bien servicios como agua, drenaje o la recolección de basura, por ejemplo. La lógica subyacente es simple: los gobiernos locales deberían conocer mejor las necesidades más importantes de cada localidad que una burocracia centralizada.

En cuanto a la tributación, suele decirse que corresponde al gobierno federal encargarse de los impuestos al ingreso o consumo, puesto que las personas o empresas podrían mudarse fácilmente para evitarlos, mientras que toca a los gobiernos locales recaudar impuestos como el predial. En muchos casos, el gobierno federal recauda más impuestos que los gobiernos locales y se utilizan diversos arreglos para transferir recursos de la federación hacia estados y municipios. En México, este arreglo se refleja en la Ley de Coordinación Fiscal. Por último, sea cual fuere el pacto fiscal de una federación, este tendrá consecuencias políticas.

Durante los últimos veinticinco años, en México hemos transitado, de un esquema de alta centralización del gasto público y la recaudación, a un arreglo en el que entidades y municipios cada vez cuentan con más recursos para gastar —ya sean participaciones o transferencias—, mientras que la recaudación sigue concentrada a nivel federal. Puede decirse que esta transición del pacto fiscal ha sido resultado de la transición política de un régimen de partido hegemónico a uno multipartidista y con gobiernos divididos tanto a nivel federal como estatal.

Desde un punto de vista, la descentralización del gasto público hacia estados y municipios puede verse como una conquista de la transición democrática: bancadas legislativas de cada entidad cabildeando y exigiendo cada vez más transferencias federales para apoyar la agenda del presidente en turno. Desde otro punto de vista más pesimista, los gobernadores y presidentes municipales han gozado de lo que Alberto Diaz-Cayeros, profesor de Stanford y experto en el tema, ha llamado una “bonanza fiscal espectacular”: cuentan con cada vez más recursos sin tener que molestar a su electorado con mayores impuestos locales. Y ante los escasos contrapesos y débil rendición de cuentas que enfrenta cada gobernador, el resultado ha sido poco sorprendente: más obra pública y programas sociales locales, sí, pero también un creciente despilfarro, peculado y corrupción.

En vista de todo lo anterior, no debería sorprender que un nuevo gobierno con mayoría en ambas cámaras busque, precisamente, centralizar facultades de gasto mediante treinta y dos superdelegados. Sin embargo, volver a centralizar el gasto público, o bien centralizar la gestión de nuevos programas sociales, no implica necesariamente un control sobre los gobernadores ni sobre la corrupción por la simple y sencilla razón que estos delegados tampoco enfrentarán contrapesos importantes: sin los mecanismos de control adecuados, podríamos estar sustituyendo la arbitrariedad y discrecionalidad de unos gobernadores por la de otros actores (¿quizá futuros precandidatos?). Sin una adecuada rendición de cuentas, detrás de la retórica de la austeridad y el bombo y platillo de los programas sociales del nuevo gobierno, podríamos atestiguar un intento por reconstruir una estructura partidista similar a la que se combatió durante los últimos treinta años.

 

Profesor-investigador del CIDE

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