Nuevo Fiscal, ruta critica





Lic. Marco Antonio Andrade A./


Dia de publicación: 2018-11-08


Las principales problemáticas que el nuevo Fiscal del Estado enfrentara son, entre otra pluralidad de conflictos, la inmediata aplicación de un plan estratégico para contener y prevenir la violencia y la delincuencia organizada, y por otra, encarar el incontrolable fenómeno de la corrupción y el abuso de autoridad de las policías. Desafíos mayúsculos.

Actualmente Sonora enfrenta crecientes problemas de una inseguridad generalizada que por su gravedad y constancia cotidianas, principalmente en el sur del estado, representan una tendencia exponencialmente crítica y de alto riesgo para la estabilidad social, la inversión productiva y el desarrollo del estado.

Es lógico suponer entonces que la violencia impacta negativamente nuestra imagen ante empresas y empresarios, pero sobre todo, frente a inversionistas nacionales y extranjeros quienes, como factores esenciales de las actividades y el fortalecimiento económico regional, valoran los índices de conflictividad o de inseguridad prevalecientes para sus decisiones. Su mayor preocupación es no convertirse en víctimas o potenciales afectados por la delincuencia.

Estamos pues en un momento especialmente crítico, vulnerable y de profunda incertidumbre, mismo que aunado a la insólita dimisión del titular de la fiscalía estatal, obliga a adoptar decisiones mesuradas en la designación de un Fiscal con características profesionales y virtudes personales realmente excepcionales. 

Sería un grave error improvisar o partidizar el nombramiento del nuevo Fiscal, mismo que en nuestro concepto deber ser, por definición, un abogado hecho y derecho. Un peso completo.  

Consideramos indispensable que el Congreso, conjuntamente con la Ciudadana Gobernadora, ponderen con criterios de imparcialidad y de responsabilidad social la selección del Fiscal que Sonora necesita, y no el que políticamente convenga. 

Es obvio que por las complejidades propias del cargo, mas las apremiantes necesidades de eficiencia institucional, es necesario considerar primero el estatus real de la inseguridad en el estado, para identificar después un perfil de excelencia profesional, integridad personal y trayectoria pública y privada incuestionables.      

De allí la importancia de hurgar en la comunidad jurídica sonorense, no obstante el error de la Convocatoria que invita arbitrariamente a los “ciudadanos y a la sociedad en general” a inscribirse como aspirantes a Fiscal General, omitiendo señalar el principio de prelación o el derecho preferente de los abogados sonorenses para ocupar dicho encargo previsto por el artículo 17 de la Constitución del Estado, para designar un profesional del derecho con las capacidades, experiencia, aptitudes y habilidades necesarias que no únicamente sepa  administrar los asuntos de la Fiscalía, sino que la prestigie en términos de confianza y credibilidad ciudadana como ocurrió con el fiscal reciente.

Rodolfo Montes de Oca dejo un aceptable legado de profesionalismo, seriedad y respeto por la investidura como en mucho tiempo no veíamos. Indudable hizo su mejor esfuerzo. 

Logro rescatar la fallida implementación del nuevo sistema de justicia penal y reposicionó a Sonora en los primeros lugares nacionales, incluyendo haber liderado la transición de la vieja procuraduría a una nueva fiscalía general.  

Ahora bien, es preocupante que el proceso de designación del nuevo Fiscal está afectado por diversas lagunas normativas derivadas de una falta de reglamentación o disposiciones secundarias que garanticen legalidad y certeza jurídica plena a la actuación y decisiones del triunvirato de autoridades participantes en dicho nombramiento.

La existencia de un órgano intermedio o una autoridad amorfa como es el Comité Ciudadano para la Seguridad Publica, se advierte politica y jurídicamente inadecuado por invadir el régimen de facultades concurrentes que por disposición constitucional corresponde ejercer en forma soberana a dos de los poderes fundamentales del Estado como es el Legislativo y el Ejecutivo. Montesquieu no debe estar muy contento por esta afrenta. 

La atribución de validar la lista de participantes por parte de dicho Comité es un despropósito que, no obstante estar incorporada al artículo 32, fracción IV de la Ley de Seguridad Publica, se traduce en una aberración equivalente a que el Poder Judicial consultara o sometiera a decisión de un Comité Ciudadano el nombramiento de un juez, de un magistrado o la designación del propio presidente del tribunal, o en su caso, que la Gobernadora validara la designación de un Secretario por una ONG o el otorgamiento de una concesión del transporte público por Vigilantes del Transporte (SIC).

Adicionalmente, tampoco existe disposición legal expresa ni implícita que determine en qué consiste la potestad de “validar” por parte de dicho Comité. 

La Convocatoria vuelve a ser omisa al no señalar en qué consiste el proceso de “validación”, incurriendo en el exceso de exigir requisitos ajenos a los previstos por la constitución local y la federal, que son los mismos para ser magistrado o ministro de la suprema corte. 

Tampoco señala el plazo de duración en el cargo ni el carácter de fiscal ordinario, definitivo, provisional, sustituto o interino, aunque alguien seguramente si lo sabe. Sera interino. 

En qué consiste la trascendente facultad de validar el proceso? Que valida el Comité? el registro, la lista, la experiencia, las capacidades, la trayectoria, los conocimientos, las aptitudes o los antecedentes curriculares o personales del aspirante? Actual es la finalidad o el alcance de dicha validación?  Determinar la idoneidad de quien reúne el mejor perfil para ocupar tan alto cargo y la enorme responsabilidad de asumir la Fiscalía General? esta indefinición permite al Comité de Seguridad un margen de absoluta discrecionalidad que ojala no termine por judicializar el proceso o deslegitimar al extremo la designación del nuevo Fiscal. 

Inclusive, en la Convocatoria también se incurre en otra deficiencia procesal al no contemplar el derecho de objeción o impugnación ciudadana, personal o colectiva, contra el registro de un aspirante, contra la integración y depuración de la lista, acuerdos del Comité, o la aprobación del nombramiento por el Congreso o la designación directa por parte del Ejecutivo.  

El Congreso dejo al ciudadano en la indefensión absoluta al excluirlo de participar, como un acto de democracia directa y parlamento abierto, en un nombramiento tan relevante, cuando dicha validación debió ser un ejercicio de participación, expresión o elección abierta como sucede con los Fiscales o Sheriff Estatales del vecino país. 
Pasaron por alto la importancia de la legitimación social del nuevo fiscal. 

Es decir, cancelaron nuestro derecho cívico a opinar o impugnar, o en su caso, el derecho a disentir como José Saramago bien lo decía. Estamos en el siglo XXI, amigos legisladores.
    
Aunque la cereza del pastel es la absurda contradicción de la Convocatoria que impide al propio Congreso o a la Primera Comisión de Gobernación, en primer lugar, entrevistar, evaluar y calificar al conjunto de los aspirantes, y en segundo término, tampoco instruye ni autoriza al Comité de Seguridad para realizar dichos actos, en razón de que los únicos elegibles con derecho a entrevista personal serán los tres integrantes finalistas de la Terna, tal y como lo consigna la BASE SEPTIMA de dicha Convocatoria, y no los 40 abogados registrados.

El proceso está desfasado, invertido o mal entendido, y por consecuencia, mal aplicado. 

El Congreso debe entrevistar al final del trámite solamente a tres y no al total de los aspirantes, cuando lo lógico es haberlo hecho al principio para identificar a los mejores perfiles y, una vez depurado el registro e integrada la lista, enviarla al Comité para su validación general, quien a su vez la remite al Ejecutivo para la conformación de una Terna que esta presenta posteriormente al Congreso, de cuya integración deberá aprobarse, por mayoría calificada de 22 diputados, el nombramiento del nuevo Fiscal. 

En caso de que el Congreso no logre dicha mayoría, el Ejecutivo designa directamente y de manera interina al Fiscal, tal y como lo señala el texto constitucional local.

La realidad es que, dicho con toda objetividad, ni el Congreso ni el Comité revisaron de manera exhaustiva, ni profundizaron en las aptitudes ni habilidades técnicas, profesionales, políticas y personales de los aspirantes, como sucedió, por ejemplo, en el proceso de designación del Presidente de la CEDH, de los nueve integrantes de la Comisión de Selección y de los cinco miembros del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción instrumentado por la anterior legislatura.

A la lista de los 34 candidatos le dieron un paseo por las nubes y la bajaron intacta al Ejecutivo, sin ponderar los perfiles idóneos para desempeñar tal alta responsabilidad publica.

Lo anterior trae como consecuencia que, en nuestra opinión, con dichas omisiones y deficiencias transgredieron derechos humanos básicos como es la garantía de audiencia, igualdad, equidad, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad y los principios del debido proceso de selección pública de los aspirantes previstos como principios rectores para el nombramiento de fiscales y jueces por parte de la CIDH  y la propia ONU.

Olvidaron sopesar que convocaron a profesionales y expertos del derecho, no a ciudadanos comunes, donde se advierte de todo: tigres, lobos y zorros con los colmillos relucientes. 

Veremos qué pasa, quien pasa y al final, haiga sido como haiga sido, quien queda.

Salud.


Este contenido ha sido publicado originalmente por Dossierpolitico.com en la siguiente dirección: http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=211479 Si está; pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Dossier Politico

Comentarios



Aún no existen comentarios

Sé el primero en comentar ésta nota

Comentar nota



Su correo electrónico no será publicado.
Son obligatorios los campos marcados con: *


Artículos de éste autor