En todo conflicto, la ley es dura, pero es la ley





Mouris Salloum George (*)/


Dia de publicación: 2018-10-10


Francamente, en el proceso de descomposición que enferma y deslegitima el entramado institucional mexicano por la degradación de valores y principios que deben regir toda convivencia política y social, resulta penoso abordar determinados temas.

En la reciente reforma que modificó el Título Primero de la Constitución para instituir en el capitulo I los Derechos Humanos y sus Garantías, se puso el acento en la dignidad de las personas y su protección más amplia.

Mandatos de esa naturaleza, son de observancia universal. Los primeros sujetos obligados en esa materia son, desde luego, los miembros del Poder Judicial, en tratándose de la Constitución General, de la Federación.

Los ministros de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional por excelencia, y el Consejo de la Judicatura Federal, se abocaron de inmediato al compromiso de iniciar y desarrollar una nueva cultura judicial para ponerla en frecuencia con el ejercicio de los derechos humanos.

Moda insana: Litigar en los foros mediáticos

Algo, sin embargo, queda fuera del alcance del legislador y de los encargados de la procuración y la  administración de justicia: La formación cívica del ciudadano y, especialmente, de los litigantes, ahora dados a litigar en los foros mediáticos.

Cuando se dio la Ley de Impugnación en materia electoral, el recurso ha sido abusado por los beligerantes políticos, que suelen pretender en los escritorios triunfos no obtenidos en las urnas.

Alguna ocasión, en campaña presidencial, Vicente Fox acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de incurrir en marranadas, sólo porque no aceptaron meter su retrato en las boletas electorales.

El recurso de amparo, convertido en rentable industria

En la lectura de los usos y costumbres a la mexicana, es típico que el amparo de la justicia federal haya sido una obscena industria de abogados poco idóneos o habituados al tráfico de influencias que no logran, a la legalona, sacar avante las causas de sus defendidos a satisfacción de éstos.

Invariablemente, esos actores perdedores se desfogan con un rosario de insultos, poniendo en entredicho la competencia y honestidad de los juzgadores. Piden su relevo o exigen al Consejo de la Judicatura el traslado de los juicios a otra instancia “más confiable”, si es que no el cese del funcionario cuestionado.

Es común que un mismo actor y sus abogados recorran hasta tres, cuatro o cinco juzgados de distrito, hasta encontrar al titular que satisfaga sus intereses. Es una cuestión de ética la que está en el centro de esas conductas.

Imparcialidad, imperativo fuera de toda sospecha

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una jurisprudencia poco usual en la que abordó este tema, cuyo centro es el recurso de amparo.

Sin hacer abstracción de los imperativos de templanza, moderación de pasiones y sentimientos con los que debe considerarse la solución de un conflicto legal, los ministros ponentes privilegian el principio de imparcialidad, que los litigantes y sus defendidos pretenden poner en tela de juicio, haciendo alarde de su falta de respeto a los togados.

Se sostiene que las injuriosas imputaciones descargadas por dichos actores contra jueces, magistrados o ministros no son suficientes para descalificarlos y retirarlos de los casos controvertidos, ahí donde la lógica impone que en cada sentencia hay un perdedor y un favorecido en la estricta interpretación y ejecución de la ley.

No son pocas las instituciones del Estado que están expuestas, con razón de sobra, a la suspicacia, el escepticismo y al descrédito social. Sin embargo, atacar, sin fundamentos válido, al Poder Judicial implica una incitación a la anarquía.

No somos de los que creemos que todo poder público debe estar en manos de hombres químicamente puros, pero cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la Constitución protege tus derechos y nosotros protegemos la Constitución, vale al menos el beneficio de la duda.

De otra manera estaremos frente a la contumaz arrogancia. “Después de mi, el diluvio”. Vale.

(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.


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