La Cuarta Transformación de la República: ¿Nuevo Federalismo o control territorial del país?





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Dia de publicación: 2018-08-08


La propuesta de Cuarta Transformación de la República intenta cambiar el viejo paradigma en que se sustentaba la infuncional organización burocrática del Estado mexicano, permeada por la corrupción, el despilfarro, la impunidad, el abuso y la ineficiencia.

El detalle como bien es sabido por más mayorías a favor que se tenga, modificar la realidad de un aparato –seguramente minado, con bombas ocultas, porque no-- que se va a heredar a partir del primero de diciembre y que hasta ahora es desconocido, tendrá sus complejidades e impondrá retos más allá del discurso de campaña para atraer votos.

Austeridad y mayor fiscalización de los recursos, serán la tónica del venidero gobierno, pues a más de un mes del triunfo electoral se vislumbran fuertes sacudidas y ajustes al sistema.

Revertir la anomia social del neoliberalismo

Lo anterior a partir de que como sociedad, afirma Maurice Duverger en “Sociología de la política”,  no debe entenderse una simple adición de individuos, sino un sistema de interacciones y estos sistemas de interacciones corresponden a conjuntos humanos y culturales, o más exactamente a conjuntos humanos delimitados cada uno de ellos por su sistema de normas, creencias y valores, constituyendo este sistema una cultura.

Por anomia se entiende el estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales y surge cuando las reglas sociales se han degradado o directamente se han eliminado y ya no son respetadas por los integrantes de una comunidad.

Émile Durkheim, desarrolla el concepto de anomia en “La División del Trabajo Social” y “El Suicidio”, identificando el momento en el que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a los individuos.

Como puede verse, a partir del concepto de referencia, es posible que en algún momento y en una sociedad determinada se presente un dislocamiento entre sistema social, sistema político y sistema jurídico. Y en México sobran ejemplos de dicho fenómeno ante los cuales el Estado ha mostrado su rostro incompetente.

Desmontar, revertir y recomponer treinta años de capitalismo salvaje, el modelo pergeñado por Carlos Salinas de Gortari y sus tecnócratas, en el Plan Global de Desarrollo de José López Portillo, no será tarea fácil más allá de las enormes expectativas --casi pensamiento mágico, en ciertos casos--  levantadas por la descomunal victoria en las urnas.

Mientras algunos han criticado la precipitación en el ritmo con que ha ido  abordado los diversos temas el equipo del candidato ganador, otros han señalado que en su momento el gradualismo fue una excusa del pasado para justificar fallas y falta de interés en atender los pendientes.

El proyecto de reformas es muy amplio y el programa de urgencias nacionales es inagotable y van desde la reversión de las reformas estructurales que afectan  los derechos sobre los recursos naturales como la reorientación de las reformas educativas y electoral que el país requiere, ha escrito Porfirio Muñoz Ledo, futuro legislador morenista.

Legitimidad y base social

Un dato nada menor es que a partir de 2006 la credibilidad de las instituciones ha venido a la baja, mientras que la de quien más la criticaba, es decir Andrés Manuel López Obrador, ha ido a la alza, tal como lo demostró la copiosa votación con que obtuvo la presidencia.

Por lo mismo será el presidente más votado de los últimos tiempos y cuenta con una legitimidad pocas veces vista, implicando esta la manera en que se accede al poder, es decir es el título del poder que se va a ejercer, por lo que el poder legítimo es el que deviene a través del derecho, según escribió Norberto Bobbio, en su ensayo “El Poder y El Derecho”.

Carlos Salinas siempre tuvo la sombra del fraude de 1988 y la “caída del sistema” que dañó al Frente Democrático Nacional conformado por el PARM, PPS, PFCRN y PMS; Ernesto Zedillo la carga de la muerte de Luis Donaldo Colosio en 1994; en el 2000 a Vicente Fox, el PAN no le aportó una base social como la de AMLO; Felipe Calderón, en 2006 a través de negociaciones con gobernadores del PRI y Enrique Peña Nieto, en 2012, sobre las sospechosas triangulaciones financieras por medio de las tarjetas Monex y Soriana y el apoyo de la élite empresarial y de la presidencia de Calderón.

Morena, su partido-movimiento, que según María Amparo Casar en su ensayo “Morena toma todo” (Nexos, agosto 2018), no es un partido de masas, ni de cuadros, sino encaja en el modelo cesarista, tiene una base social amplia, a diferencia del nieto del PRI, el PNR fundado por Plutarco Elías Calles, cuyo apoyo fue el ejército emanado de la gesta revolucionaria, aunque con un origen caudillista, como también lo tuvo el mismo PAN con Manuel Gómez Morín y antes el Partido Liberal con Benito Juárez y luego el Partido Antirreleccionista con Francisco I. Madero.

Con una oposición maltrecha habrá de iniciar el próximo grupo gobernante: El PRI está en reflexión; el PAN vive su guerra interna y en el PRD, las tribus se pelean por sus migajas y restos del que fuera el partido de izquierda más grande de Latinoamérica.

“La llegada de AMLO al poder no romperá la llamada ‘ley de hierro de la oligarquía’ acuñada por Robert Michels que postula que no se puede tener grandes organizaciones, como los gobiernos, sin ceder el poder efectivo a los pocos que ocupan los cargos superiores”, escribió Casar, en su citado texto.

“Para cambiar la realidad (…) se requiere rehacer casi desde sus cimientos los sistemas económico y social, el de procuración y administración de justicia y el federalismo”, observó la reputada analista.

El poder alcanzado por Morena-PT-PES -partidos entre quienes se dio la convergencia a pesar de las claras diferencias-, le da a AMLO, una amplia presencia a nivel nacional: 53% de los votos en la candidatura a la presidencia, ganando en 31 de las 32 entidades federativas, en 82% de las casillas, en 92% de los distritos electorales y en 80% de los municipios. La aplanadora morenista cuenta con 69 senadores y 306 diputados federales, suficientes para promover la erradicación del dispendio. Gobernará igualmente en cinco de las nueve gubernaturas que se disputaron, en 13 de las 24 capitales del país, 314 de los municipios que se renovaron, 11 alcaldías de la CDMX y tendrá mayoría en 19 congresos locales, además en la Ciudad de México Morena no tendrá contrapesos de los concejales en las alcaldías pues producto de la reforma impulsada por el PRD, al ganador le corresponden seis de cada 10 de ellos.

Un dato revelador de la pasada elección es que en los estados más castigados en ingresos de su población, fueron en donde se votó masiva y abrumadoramente por Morena.

Aprovechar el interregno 

Hasta el día de hoy existe una dualidad presidencial: un presidente en funciones derrotado y rechazado en las urnas que en algún momento fue considerado en la prensa extranjera como “El salvador del país”, con un partido mayoritario en 2012 y mandado a la chiquillada en 2018 y un futuro presidente electo, quien aún sin el nombramiento que lo avalara como tal, empezó desplegar una actividad inusitada que suma nuevas expectativas a sus promesas de campaña, a pesar de que no tiene ni toda la información, ni todos los hilos del poder en sus manos.

Es decir, el interregno es ese espacio de tiempo del primero de julio al primero de diciembre en que el vacío de poder es una realidad, entre los que se van y los que habrán de llegar.

Durante ese lapso se hace presente el fenómeno en que conviven el viejo régimen que se niega a morir y el nuevo que está por nacer, del que hablaba Alexis de Tocqueville en su libro “La Democracia en América”.

En todo el hiperactivismo del futuro presidente electo, el ojo avizor ha podido detectar una serie de propuestas que serán acciones de políticas públicas, como las 12 reformas o iniciativas que se propondrán al poder legislativo, el catalogo “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana” y los 25 programas prioritarios de desarrollo dados a conocer recientemente, entre los que se comprende la descentralización de dependencias federales a algunas entidades, el nombramiento de delegados coordinadores estatales y regionales, la reducción, desaparición y creación de nuevas dependencias administrativas como la SEP y la SEGOB que se achican, el CISEN que se transforma en Agencia de Inteligencia y la nueva Secretaría de Seguridad Pública, el plan para pacificar el país que incluye la amnistía, reducción de penas, liberación de drogas como la marihuana y la amapola y otras anunciadas en el frenético arranque en los hechos de la era AMLO.

Hay temas que ameritan urgente tratamiento, como el de la violencia que dejó en 2017 más de 31 mil muertos, pues a la par que se promueven los Foros sobre pacificación, el país se desangra y ese será un enorme reto para Alfonso Durazo, a partir de diciembre.

“La burocracia es cara y disfuncional, y requiere austeridad. Sin embargo, algunas de estos remedios pueden resultar peor que la enfermedad”, anotó Carlos Elizondo Mayer-Serra, para quien no se tienen condiciones ideales para construir un Estado competente, en donde la voluntad política de quien gobierna es primordial, así como el entramado institucional correspondiente: Sistema Nacional Anticorrupción, el cual ningún estado ha completado en forma total, órganos de procuración e impartición de justicia autónomos, mayores penas a casos de corrupción, autonomía del SAT, etc.

Presidencialismo a la mexicana

El afamado pacto federal, surgido en 1824 y al que todo mundo desde entonces le auguraba el fracaso terminó siendo inoperante en la realidad, pues el titular del ejecutivo federal por los poderes constitucionales y metaconstitucionales que acumulaba hizo que se identificara como presidencialista a nuestro sistema político en donde sus dos piezas o pilares lo eran un presidente todopoderoso en una tradición que arranca de los imperios precolombinos con su Tlatoani y el PRI como partido del Estado.

Leonardo Curzio, escribe en su artículo “¿Es el presidencialismo el problema?”, publicado en el periódico El Universal (02/02/2018), al hablar sobre si es el presidencialismo es la fuente de los problemas de gobernabilidad del país que “… el tránsito de un hiperpresidencialismo (a la Salinas) a un hipopresidencialismo (a la Peña Nieto), dejó al descubierto las debilidades estructurales del sistema dando como resultado un juego de impotencias”.

Y añade: “Llevamos 20 años de presidentes acotados sin que el federalismo dé sistemáticamente mejores gobiernos”..

El estilo personal de gobernar a la AMLO

Mientras, el período de transición se presenta muy movido con anuncios prácticamente todos los días y en el cual se han roto rituales, usos y costumbres políticas arraigadas o que formaban parte de la subcultura priísta.

Actualmente, ya se han ido perfilando aquellos que habrán de ocupar las principales carteras y cargos, cuando anteriormente se estilaba que los nombres de los miembros del gabinete se daban a conocer horas antes de la asunción del nuevo presidente.

El nombramiento de Manuel Bartlett, como director de la Comisión Federal de Electricidad, creó polémica, pero a decir del gobernador de Chihuahua Javier Corral, dicha asignación rompe el modelo establishment por ser de corte ideológico.

El expresidente del PRD Agustín Basave, encuentra mayor parecido de AMLO con Adolfo Ruiz Cortines, quien a su juicio era austero, sagaz, astuto, muy respetoso de los símbolos y de las instituciones y ve en López Obrador una presidencia tradicional.

Una visión del nuevo gobierno

Una vez que asuma el poder el nuevo gobierno se habla de que se echarán a andar en el ámbito administrativo al menos dos reformas de gran importancia, lo que implicaría primeramente reformar la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o presentar para su aprobación una nueva, lo que permitirá desaparecer varias oficinas o dependencias y ajustar más de 6.000 plazas de la alta burocracia, lo que se traducirá en un ahorro mensual de 45.6 millones de pesos, medida que incluirá la creación de la Secretaria de Seguridad Pública, una de las prioridades del nuevo Gobierno, instancia desde se dirigirán los diálogos de la amnistía y se trabajará en la creación de un proyecto de justicia transicional para ser presentado a finales de 2018.

Una reforma igual de crucial es la modificación del artículo 127 Constitucional, que trata sobre los sueldos del gobierno y ordenamiento en donde se establece que nadie en el sector público puede ganar más que el presidente, quien hoy tiene un sueldo mensual bruto de $ 209,135.92, no obstante dicha disposición es   letra muerta porque existen más de 22,000 funcionarios que perciben un salario superior, encontrándose entre ellos los secretarios de Estado y algunos miembros del Poder Judicial Federal.

El gasto anual, del Poder Judicial Federal y del Poder Legislativo Federal sumó 92 mil 641 millones de pesos en 2018, de los cuales el recorte que propone la nueva mayoría aportaría un máximo de 9 mil millones de peso entre ambos poderes, cantidad que podría disponer para reasignar el poder ejecutivo para el próximo ejercicio de 2019.

Según lo anotado por Esteban Moctezuma Barragán, próximo titular de la SEP, la variable geográfica, que involucra el territorio y la población, será incorporada a las decisiones de inversión y desarrollo en la planeación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para estar en condiciones de dar servicios públicos a los mexicanos.

Afirmó igualmente que una planeación gradual y cuidadosa de la descentralización administrativa va fortalecer a los estados del país y al Pacto Federal y recordó “La Marcha al Mar” impulsada por Adolfo Ruiz Cortines, para poblar las zonas costeras como uno de los primeros esfuerzos de descentralización.

Un caso exitoso de descentralización es el del INEGI en Aguascalientes, cuya planeación duró cuatro años e implicó el traslado de 3 mil familias y la institución se convirtió en el segundo empleador de dicho lugar.

M. Mouskheli en su libro “Teoría jurídica del Estado Federal”, afirma que como punto de partida para abordar o definir la problemática en torno a cualquier Estado, se deben de establecer las bases sobre las cuales se piensa asentar el edificio, lo que implica determinar su carácter jurídico y su estructura interna, aspectos que van ligados con el de soberanía, que conlleva la característica esencial de toda colectividad estatal.

Retomar el control territorial

Hay algunos miembros de la comentocracia que perciben como un excesivo centralismo la desaparición de las delegaciones federales a las que se concentrará en una sola oficina en los estados y en donde los coordinadores estatales son vistos como vicegobernadores, pretores de la época napoleónica en Francia,  procónsules romanos o los jefes políticos del porfirismo, cuando lo cierto es que el presidente de la república en los tiempos del partido hegemónico fungía como “el cacique de caciques”, según Daniel Cosío Villegas o desplegaba una “presidencial imperial”, como la calificó Enrique Krauze. 

Estos 32 coordinadores de Programas Estatales de Desarrollo y los 300 coordinadores regionales, uno por cada distrito, que se proponen y que se encargarán de bajar los recursos a nivel municipal, tendrían un manejo presupuestal vital. Esta estructura será coordinada por el secretario de Organización de Morena Gabriel García Hernández.  Lo anterior hizo recordar cierto paralelismo con el PRONASOL de Salinas.

Considerados, al decir de reconocidos analistas, como un poder territorial paralelo al del gobernador y de abierta afiliación morenista local, los 32 nombres deslizados para ocupar el cargo entre los que hay expanistas, expriístas y viejos colaborados de López Obrador, por haber sido candidatos o son posibles aspirantes a un futuro cargo público en las entidades y regiones bajo su férula, lo cierto es que a partir del año 2000, el de la primera transición a la derecha con Vicente Fox, los gobernadores ante la falta del control presidencial de los tiempos del PRI hegemónico, cual señores feudales adquirieron un poder, así como una fuerza inusitada y un (des)control sobre sus entidades nunca antes vista, las cuales con la novedosa propuesta de Nuevo Federalismo a la AMLO, ven en peligro de perder.

El mismo López Obrador, ha explicado que ese coordinador estatal, no va a sustituir al gobernador, como lo insinuó el gobernador electo de Jalisco Enrique Alfaro, sino que será dicha figura será producto de  reducir el número de delegados que se nombraba y quien tendrá varios coordinadores, con los cuales incluso se atenderán las necesidades de las etnias regionales.

El redimensionamiento que se propone incluye el traslado o cambio de sede de oficinas y su personal de algunas dependencias y secretarías de estado a diversas entidades para impulsar el desarrollo regional. Si bien tales movimientos no entrañan una descentralización  en sí, la cual se da en el ámbito administrativo.

La creciente obesidad y pesadez orgánica que algún momento asumió la administración federal, debido a la masiva producción de empresas públicas, era vista como algo normal, pues fue consecuencia casi inevitable de la desorbitada actividad del Estado, resalta Alfonso Nava Negrete, en su libro “Derecho Administrativo Mexicano”.

Anuncios como que la SHCP concentrará las compras, que la nueva Secretaría de Seguridad a cargo de Alfonso Durazo, abarcará inteligencia, incluyendo la financiera y protección civil, una inversión de 10 mil mdp para rehabilitar 50 hospitales, el acceso para todos a la educación superior, así como la fundación de 100 universidades, becas para estudiantes, un programa de crédito a la palabra, apoyos para micro y pequeños empresarios, eliminar la evaluación docente por punitiva, la reforestación en Chiapas para crear empleos de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales y temas como la rebaja de sueldos y la eliminación de prestaciones  de la “burocracia dorada”, recortes de la planta laboral de confianza, mayores cargas de trabajo y cambio de adscripción de las fuentes de empleo, están al debate, habida cuenta que algunos responden a la materia presupuestal y otros de tipo legal regulados por la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la propia Constitución General de la República, en donde incluso aplican principios generales del derecho, como “a trabajo igual, salario igual”, no aplicación retroactiva de una Ley en perjuicio de una persona, etc.         

Ese plan de acuerdo a cálculos conservadores tendría un costo de 147 mmdp y afectaría a 1.2 millones de trabajadores. Según Gilberto Chávez Orozco, presidente de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, dicho plan no es nada fácil de llevar a cabo por la afectación que provocaría en derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores al servicio del Estado en cuyo nombramiento se asienta el lugar de trabajo.

Otro punto que llama la atención es que PEMEX, al parecer operará bajo el modelo chino, de cotizar algunas de sus ramas en la Bolsa de Valores, para capitalizar a la petrolera.

Hoy se sabe que se proyecta crecer al 6% anual, que el poder judicial si puede reducir sus sueldos, que el poder legislativo tendrá que arreglárselas y funcionar con menos recursos, que a los partidos se les pueden bajar sus prerrogativas, que el gasto en comunicación del gobierno también es posible reducirlo a la mitad y por voz de Carlos Slim, que en la construcción del Nuevo Aeropuerto se pueden ahorrar 10 mil millones de pesos adquiriendo materiales nacionales.

En el plano judicial se debate la viabilidad de crear un Tribunal Constitucional al cual encomendarle la defensa de la Constitución. 

Inoperancia de los gobiernos divididos: mucho gasto, pocos resultados

Los gobiernos divididos emanados de la elección de 1997, del que desembocaron esos nuevos virreyes en que se transformaron los gobernadores, crearon para su beneficio una instancia de negociación con el centro, la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) y manejaron recursos a manos llenas, a la par que ejercieron el poder a su antojo, pero quedaron a deber en dos rubros importantes: la recaudación y la seguridad pública.

Para el general Francisco Gallardo, la CONAGO es uno de los últimos resquicios del autoritarismo.

El fracaso del viejo federalismo está a la vista: varios gobernadores en prisión por actos de corrupción, otros huyendo y algunos más a punto de la extradición.

De ahí el intento de algunos gobernadores de seguir manteniendo los hilos del poder ante la nueva realidad de contar con Congresos estatales bajo control de Morena y sus aliados, lo que les resta capacidad operativa.

En Sonora se intentó modificar el marco legal con ese objetivo impulsando entre otras medidas la figura de “veto presupuestal”, las cuales fueron bien vistas por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado Francisco Gutiérrez Rodríguez, que rechazan tanto Morena como el PAN y en Hidalgo el gobernador priísta Omar Fayad, reprimió a los legisladores morenistas por asumir el cargo. Enrique Alfaro, muestra igual temor de ejercer un gobierno supervisado y con menguada operatividad.

En el país se han dado el caso de proyectos con gran inyección de recursos, pero con resultados mediocres, como fue el de “Escuelas de Calidad” que inició en 2001, destaca el consultor Julio Franco Corzo en su libro “Diseño de Políticas Públicas”.

Otro caso es el de la Reforma Educativa, en cuya sola publicitación Aurelio Nuño, erogó millones de pesos.

Otro hoyo negro, fue el gasto en seguridad. La Policía Federal cuesta al año 25 mil millones de pesos, los penales federales 14 mil millones de pesos, los penales concesionados otros 7 mil millones y el CISEN 24 mil millones.

En Sonora, Morena y sus aliados tendrán 22 diputados locales (12 Morena, 5 PT y 5 PES) y gobernarán en 18 ayuntamientos, algo así como 2,436,958 habitantes.

Los alcaldes emanados de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que gobernarán los más importantes municipios, como Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales, San Luis Río Colorado, etc., tendrán como aliados importantes para un buen desempeño a la abrumadora mayoría en el Congreso del Estado y al Coordinador Estatal federal Jorge Taddei Bringas, quien ha declarado que algunos de quienes laboren como asesores dentro del esquema o estructura de delegados que se propone lo harán sin sueldo o sea como trabajadores voluntarios, lo que hizo recordar el “estímulo moral” a la Ché, aplicado en Cuba a principios de la revolución. Existen fotos del entonces comandante Guevara y alto ministro del régimen, cortando caña en los campos de la isla, acarreando costales o manejando vehículos de trabajo.

No aumentar el agua, ni el predial, propuso AMLO a gobiernos estatales y municipales, pero la realidad es que varios ayuntamientos sonorenses están en la bancarrota y ocuparán apoyo de la federación, expresó Célida López Cárdenas, alcaldesa electa de Hermosillo, quien a través de un Comité, propuso se eligiera a los titulares de cinco de los principales  cargos de su administración.

Y en tanto se delinea el nuevo modelo para el ejercicio y el control del poder, el optimismo de los ciudadanos que votaron por hartazgo o convencimiento, tienen su esperanza cifrada en las promesas de cambio.

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