Los nuevos tiempos del PAN (II)



El Partido Acción Nacional también se contagió de la reglamentitis, tiene una serie de documentos que lo atan



Juan José Rodríguez Prats/


Dia de publicación: 2018-07-12


Rafael Preciado Hernández destaca una virtud del fundador del Partido Acción Nacional: “Manuel Gómez Morin era un respetuoso exigente de la majestuosa dignidad del derecho”. Esto es, al derecho hay que tocarlo con delicadeza, prestigiarlo con su permanencia, cumplirlo con rigor. Desafortunadamente, en México se engaña con la ley, se le interpreta con una elasticidad contraria a la más elemental lógica jurídica.

El derecho debe ser lo más sagrado y lo más confiable de una sociedad. Cumplir la ley constituye el primigenio principio ético de una sociedad que anhele vivir en paz y en una convivencia armónica para desarrollar su potencial en plenitud.

Sin esta condición no se puede concebir ningún fin ni realizar ninguna política pública. El relajamiento del derecho es, pues, el mal social por antonomasia.

Gómez Morin insistía en la necesidad de un derecho sencillo, sobrio, elemental; claro en sus propósitos y obedeciendo los principios fundamentales del humanismo. Era enemigo de la sobrerreglamentación y de los cambios precipitados y frecuentes.

 Sostenía que las buenas leyes no deben obstruir el desarrollo. Coincidía con Ortega y Gasset en que “la economía y el derecho son disciplinas de cautela” y entendía la relación de ambas. Con esas ideas elaboró muchas iniciativas que con el tiempo se convirtieron en leyes.

México requiere una profunda reforma jurídica, desbrozar el conjunto de ordenamientos (una auténtica maleza) que, en lugar de propiciar una ciudadanía que vea con confianza las leyes tenga la firme convicción de obedecerlas, generan miedo y rechazo.

El Partido Acción Nacional también se contagió de la reglamentitis. Tiene una serie de documentos que lo atan y le impiden tomar decisiones en los momentos difíciles, a saber:

Sin duda de buena fe, se despojó al Consejo de su facultad de elegir presidente del partido para concedérselo a toda la militancia. Al igual que en nuestro abigarrado derecho electoral, se señalaron topes para gastos de campaña.

Las cifras aprobadas para conducir el proceso eliminan en los hechos al 99% de los panistas que no cuentan con recursos para solventar un gasto de esa magnitud. Evidentemente, si alguien lo financia, es a cambio de un compromiso.

Exigir 47 mil firmas para contender es una soberana estupidez. Todos los comités deben elegirse en lo que resta de 2018, teniendo la Comisión Permanente muy limitadas atribuciones para cuidar al partido de intromisiones
ajenas.

Lo más grave es que para modificar el marco normativo, se requiere convocar a una asamblea, con términos que imposibilitan la toma de decisiones en el corto plazo. A todo lo anterior agréguese la amenaza de la judicialización de los acuerdos alcanzados.

En ese escenario, lo más sencillo sería convocar al Consejo para declarar una situación de emergencia para poder adoptar las medidas necesarias en la actual crisis.

He tenido el privilegio de tratar a excelentes panistas, seres humanos ejemplares que actúan con mística y con un alto sentido del deber.

Don Luis H. Álvarez solía presumir de su desconocimiento de la reglamentación interna del partido, pero
de haber asimilado con fervor sus principios; confiaba más en la conciencia de los hombres para distinguir el bien y el mal que en las leyes con sus sanciones y aparatos burocráticos.

Ahí está la clave: procurar el bien mayor que hoy por hoy es cuidar al partido como un instrumento al servicio de la sociedad.

No será fácil, se deben atemperar las pasiones y denunciar a quienes ya manifiestan su desbordada ambición para apoderarse de una institución que, por su condición de primera minoría en el Congreso, tiene un papel de gran relevancia y debe, simplemente, aplicar su lema: “Por una patria ordenada y generosa”.


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