El artículo 33: ¿Espada de Damocles?





Wichy García Fuentes/


Dia de publicación: 2018-06-12


Según cifras oficiales del INEGI, hoy en México viven más de un millón de extranjeros. Muchos de ellos ya naturalizados y cerca de una tercera parte del total, radicados en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto significa que, juntos, todos esos foráneos suman más habitantes que el total de la población de Chipre o Guyana, y más del doble que la de Luxemburgo o Surinam. Con algo así se haría básicamente imposible, o impensable, que tanta gente ya inserta en la vida cotidiana de un país, gente que desde hace años, o décadas, comparte el pan con los nativos, que trabaja, paga impuestos y procrea descendencia mexicana, se mantenga al margen de cualquier opinión, reclamo o celebración de tintes políticos.

No obstante, el famoso Artículo 33 de la Constitución mexicana merodea de vez en cuando, flotando amenazante sobre las cabezas de muchos extranjeros, intelectuales, periodistas o simplemente opinantes en redes sociales, cuando a algún nacional de buenas a primeras no le agrada la palabra emitida por dicho foráneo, y amenaza, o cuando menos le recuerda, que existe un artículo constitucional en el cual se obliga a los extranjeros a “de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país”, haciendo énfasis en que tal contravención queda a expensas de la expulsión del territorio nacional al infractor.

En épocas electorales, como en disímiles eventos sociales de magnitud, los ánimos se caldean, las redes hierven en polémicas, y cualquier imprecisión en la interpretación o la aplicación de las leyes puede volverse como el recurso del as bajo la manga o el célebre deus ex machina del teatro clásico griego, que recurría a la solución forzada de un conflicto imposible de resolver por vías razonables.

¿Es la opinión, privada o pública, emitida por un extranjero, motivo de la aplicación del Artículo 33 y la subsiguiente expulsión del territorio nacional?

Partamos del origen de dicho artículo constitucional. El contexto sociopolítico mexicano, a comienzos del siglo XX, resultaba muy propenso al nacionalismo extremo. Luego del porfiriato, el naciente estado mexicano aceitaba sus piezas con muchas dificultades, y algunas de sus prácticas de afianzamiento derivaban en franca y abierta xenofobia. Y valga decir que esta Constitución, promulgada en 1917, en cien años ya ha pasado por más de setecientas reformas, y sólo 22 de sus artículos conservan el texto original.

El Artículo 33 también tuvo cambios significativos:

TEXTO ORIGINAL: “Son extranjeros, los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, Titulo Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.” 

TEXTO VIGENTE: “Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.” 

Salta a la vista la total ausencia de garantías, sin necesidad de juicio previo, conque podían ser expulsados los extranjeros en 1917 y la intención, en la versión moderna, de garantizar los derechos humanos de cualquier persona, según las normas internacionales de las cuales México es firmante. No obstante, se mantiene la presunta prohibición a los extranjeros a inmiscuirse en los asuntos políticos de la república mexicana, conservando el mismo hálito nacionalista que inspiró los debates constitucionales de 1916 en el teatro Iturbide de Santiago de Querétaro. Una prohibición muy cercana a hechos francamente siniestros, como lo fueron la matanza de 303 chinos en Torreón o la expulsión de muchos más de estos del estado de Sonora -deudoras de la xenofobia porfirista o ya bien de la primigenia protección a los empleos y derechos de connacionales, en una época en que la república apenas se armaba- y de muchas maneras alejadas del espíritu actual del pensamiento en México, nación que cobija y alberga a un creciente número de emigrantes, con leyes encaminadas a la orgánica inserción de estos en la vida social.

Aunque podría ser motivo de debate si “inmiscuirse en los asuntos políticos del país” incluiría al simple ejercicio de la libre opinión en redes sociales como Twitter o Facebook (plataformas imposibles de imaginar en 1917) o artículos periodísticos de opinión (¿…como este, por ejemplo?), con lo cual se estaría, de facto, negando no sólo los convenios internacionales sobre derechos humanos de los cuales México es signatario, sino también a otros artículos de la propia Constitución, tales como el 1: (“Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”) o el 7 (“Art. 7. Libertad de escritos sobre cualquier materia, sin cesura por parte de la autoridad.”), una interpretación algo menos xenófoba podría ser aquella que asocia a dicha “intrusión” con asuntos políticos mexicanos a una presencia más directa en protestas, manifestaciones o participación directa en riñas con las autoridades o hasta en levantamientos armados en contra del gobierno. Y todo eso con independencia de que, tanto antes como ahora, la facultad de expulsar definitivamente a un extranjero del territorio nacional es exclusiva del ejecutivo, del presidente de la república.

Lawrence Maxwell, por ejemplo, un ciudadano chileno residente en México que en 2014 participase en las protestas por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y fuese apresado en el Zócalo junto a una decena de mexicanos, con cargos de lesiones y tentativa de homicidio (cargos posteriormente desestimados por un juez), fue más tarde liberado sin que las autoridades llegasen a expulsarlo del país enarbolando el Artículo 33, con lo cual, para ese año ya parecía haberse suavizado la última oleada de expulsiones contabilizadas en el año 2000, con decenas de extranjeros relacionados con el levantamiento zapatista en Chiapas. 

En cualquier caso, la letra constitucional escrita a mano por el calígrafo Perfecto Arvizu Arcaute, con la misma pluma con la que se firmó el Plan de Guadalupe y la carta de desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente por parte de Carranza, no siempre refleja el estado actual del pensamiento sociopolítico. Las reformas y arreglos son tortuosos y proclives a la revisión según tendencias o preferencias políticas de partidos e instituciones, con lo cual se vuelven doblemente movimientos muy delicados y polémicos.

La gran mayoría de los mexicanos es hoy partícipe de un cosmos de pluralidad en el que la opinión de los extranjeros -residentes o naturalizados- no significa un ataque a la dignidad nacional, sino por el contrario, representa una muestra más de integración a la vida en común con los habitantes autóctonos, sus problemas cotidianos, sus esperanzas y necesidades. Pero tampoco son excepciones quienes, a falta de un mejor argumento, ante la opinión divergente de un extranjero respecto de una posición política, un candidato o un acontecimiento importante que sacuda a la sociedad, recurren al oscuro Artículo 33, como último recurso para tratar de acallar a alguien con quien no está de acuerdo, ignorando, a propósito o por terquedad, que los “asuntos políticos” de una nación siguen siendo un elusivo concepto que no necesariamente defiende a un partido, a una figura política o a una causa, todas nociones volátiles, relativamente provisionales, en una república en la que prevalece -o se pretende que prevalezca de manera permanente y honesta- el respeto por la pluralidad y la diferencia. 


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