Lo primero que el mexicano exige, es una elección pacífica
Mouris Salloum George (*)/
Dia de publicación: 2018-06-12
Por encima de todas las calidades exigibles a la sucesión presidencial de 2018, en lo que 124 millones de mexicanos coinciden es en que las elecciones del 1 de julio sean pacíficas.
La demanda más sentida de la sociedad, es que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sus anchos márgenes de autonomía, del primero, y de independencia, del segundo, hagan respetar sus facultades constitucionales que los responsabilizan de una función de Estado, como es la electoral.
No parece acatarse y cumplirse ese imperativo: La escena, a 20 días de la gran cita en las urnas, es invadida por agentes de los poderes fácticos, que no escatiman la opción del asesinato.
Los propios beligerantes autorizados legalmente, caen en la tentación de crear empresas fantasma para el lavado de dinero en las campañas; los hombres de negocios, porfían en su voluntad de mantener el estatus quo económico; los funcionarios de gobierno, en coaccionar el voto; huelga listar sus métodos. En fin.
Repetimos: En la fase administrativa, el INE. En la instancia jurisdiccional, el TEPJF. Así lo mandata la Constitución. Si consejeros o magistrados se salen del cauce legal, abonan a la desconfianza popular en el proceso electoral.
Una cuestión prima los comicios generales de 2018, con elección presidencial: La compulsión del peñismo para incidir en la intención del voto.
Aun desde antes de que se pusiera a caballo el calendario electoral de 2018, el PRI marcó su agenda convocando a no permitir el regreso al pasado. Le puso etiqueta: La oscura caverna del populismo.
La obsesión del protagonismo mediático
Ese es el punto, que ilustraremos de la siguiente manera: En un momento del pasado, por razones más que sabidas, en 1989 la vieja Comisión Federal Electoral (CFE) y los Colegios Electorales del Congreso de la Unión fueron liquidados para dar paso al Instituto Federal Electoral (IFE) y al Tribunal Electoral federal (TEPJF).
Hasta aquel sexenio, una regla de oro era observada por el secretario de Gobernación, presidente a la vez de la CFE: El desempeño de la Segob era tipificado como oficio de tinieblas.
Ello era sí, porque la Secretaría de Gobernación, cuyo titular militaba en el partido gobernante, como regulador de las relaciones del Estado con otros partidos se abstenía de hacer protagonismo mediático. La discreción era su piedra de toque.
Con un jefe activista, ¿puede el Estado garantizar una elección libre?
El actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete no resiste la tentación de tomar atajos a la primera provocación.
El pasado viernes, acompañado del coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad (Pública), Renato Sales Heredia (cuyos resultados en esa asignatura dejan mucho a deber), Alfonso Navarrete habló en nombre del Estado -cuyo jefe anda de lleno en el activismo electoral-, para asegurar que el Estado garantizará una elección libre y segura.
Si el territorio nacional está cuajado de todavía tibia sangre de más de un centenar de políticos asesinados, la mayoría candidatos a algún puesto de elección popular, y más de un millar han renunciado a sus aspiraciones, ¿cómo puede, el responsable de la seguridad interior y de la Seguridad Nacional, prometer a los mexicanos una elección libre y segura?
Es el problema de soltar la lengua sin pedirle permiso al cerebro. Si el titular responsable de la política interior ostenta un reciente pergamino gaditano de doctor en Derecho, debe conocer a fondo el texto de la Constitución mexicana.
¿Por qué Navarrete no deja a los consejeros y magistrados electorales federales cumplir la función de Estado que les asigna la Carta fundamental?
Si los resultados del 1 de julio dan cuenta de que la elección presidencial no fue ni libre ni segura, mucho menos pacífica (que por lo pronto no lo es), ¿el Estado asumirá la responsabilidad de las consecuencias, cuya magnitud es impredecible? Lo dudamos.
Discreción y sensatez, parecería recomendable a los hombres de gobierno. ¿Cómo hacerlos entender?
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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Por encima de todas las calidades exigibles a la sucesión presidencial de 2018, en lo que 124 millones de mexicanos coinciden es en que las elecciones del 1 de julio sean pacíficas.
La demanda más sentida de la sociedad, es que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sus anchos márgenes de autonomía, del primero, y de independencia, del segundo, hagan respetar sus facultades constitucionales que los responsabilizan de una función de Estado, como es la electoral.
No parece acatarse y cumplirse ese imperativo: La escena, a 20 días de la gran cita en las urnas, es invadida por agentes de los poderes fácticos, que no escatiman la opción del asesinato.
Los propios beligerantes autorizados legalmente, caen en la tentación de crear empresas fantasma para el lavado de dinero en las campañas; los hombres de negocios, porfían en su voluntad de mantener el estatus quo económico; los funcionarios de gobierno, en coaccionar el voto; huelga listar sus métodos. En fin.
Repetimos: En la fase administrativa, el INE. En la instancia jurisdiccional, el TEPJF. Así lo mandata la Constitución. Si consejeros o magistrados se salen del cauce legal, abonan a la desconfianza popular en el proceso electoral.
Una cuestión prima los comicios generales de 2018, con elección presidencial: La compulsión del peñismo para incidir en la intención del voto.
Aun desde antes de que se pusiera a caballo el calendario electoral de 2018, el PRI marcó su agenda convocando a no permitir el regreso al pasado. Le puso etiqueta: La oscura caverna del populismo.
La obsesión del protagonismo mediático
Ese es el punto, que ilustraremos de la siguiente manera: En un momento del pasado, por razones más que sabidas, en 1989 la vieja Comisión Federal Electoral (CFE) y los Colegios Electorales del Congreso de la Unión fueron liquidados para dar paso al Instituto Federal Electoral (IFE) y al Tribunal Electoral federal (TEPJF).
Hasta aquel sexenio, una regla de oro era observada por el secretario de Gobernación, presidente a la vez de la CFE: El desempeño de la Segob era tipificado como oficio de tinieblas.
Ello era sí, porque la Secretaría de Gobernación, cuyo titular militaba en el partido gobernante, como regulador de las relaciones del Estado con otros partidos se abstenía de hacer protagonismo mediático. La discreción era su piedra de toque.
Con un jefe activista, ¿puede el Estado garantizar una elección libre?
El actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete no resiste la tentación de tomar atajos a la primera provocación.
El pasado viernes, acompañado del coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad (Pública), Renato Sales Heredia (cuyos resultados en esa asignatura dejan mucho a deber), Alfonso Navarrete habló en nombre del Estado -cuyo jefe anda de lleno en el activismo electoral-, para asegurar que el Estado garantizará una elección libre y segura.
Si el territorio nacional está cuajado de todavía tibia sangre de más de un centenar de políticos asesinados, la mayoría candidatos a algún puesto de elección popular, y más de un millar han renunciado a sus aspiraciones, ¿cómo puede, el responsable de la seguridad interior y de la Seguridad Nacional, prometer a los mexicanos una elección libre y segura?
Es el problema de soltar la lengua sin pedirle permiso al cerebro. Si el titular responsable de la política interior ostenta un reciente pergamino gaditano de doctor en Derecho, debe conocer a fondo el texto de la Constitución mexicana.
¿Por qué Navarrete no deja a los consejeros y magistrados electorales federales cumplir la función de Estado que les asigna la Carta fundamental?
Si los resultados del 1 de julio dan cuenta de que la elección presidencial no fue ni libre ni segura, mucho menos pacífica (que por lo pronto no lo es), ¿el Estado asumirá la responsabilidad de las consecuencias, cuya magnitud es impredecible? Lo dudamos.
Discreción y sensatez, parecería recomendable a los hombres de gobierno. ¿Cómo hacerlos entender?
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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