Los gananciales del juego prohibido





Noé Becerra/


Dia de publicación: 2017-10-12


Cuando un funcionario menor sale a declarar a los medios hace un embarradero que deja a su jefe peor parado de como estaba. Quien esto escribe siempre lo ha dicho. Tiene un gran respeto y consideración por el Fiscal General de Justicia por ser un hombre preparado, respetable y profesional. Pero que no mande bisoños.

 

El escándalo que como bola de nieve viene aumentando mediante la red radiofónica a cargo de Gaby Medina, y respecto de la estafa del siglo llamado telares de la fortuna, es algo que las autoridades no han querido parar a tiempo y esto, tarde que temprano, les traerá muchos dolores de cabeza.

 

Resulta que miles de damas sonorenses entraron en un gran fraude donde a través de aportar 24 mil pesos les serían devueltos 192 mil. Pues bien, pasado el tiempo ni los 24 ni los 192 volvieron a ver. Pero las defraudadas son muchísimas en Sonora, no crea usted que unas cuantas.

 

Al acudir a Uniradio a presentar su denuncia, muchas de esas defraudadas dieron santo y seña del mecanismo fraudulento. Sólo que hoy las autoridades de la Fiscalía a través del Director de Atención Temprana del Delito, se montó en su macho para decir a la opinión pública que no existe tal delito porque todas fueron como pajaritos a entregar voluntariamente ese dinero.

 

Con criterios así amable lector, es de pensarse si el funcionario mencionado conoce del tema. Si conoce lo que es el delito de fraude y sus diversas hipótesis. Si está protegiendo a alguien de mucha influencia, o si existen como en Baja California personitas de la alta sociedad que intervinieron en este ilícito como defraudadoras y como defraudadas.

 

Las autoridades vecinas prefirieron hacer mutis y tapar la suciedad arrastrando a muchas mujeres a que perdieran sus ahorritos o el producto de su trabajo porque cuando defraudaron a la alta sociedad siguieron con las de la clase media, clase media alta y las más jodidas.

 

Los artículos 318 y 319 del Código Penal Sonorense define el delito de fraude y habla de engaño y de lucro indebido para centrar que comete este delito al que por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por cualquier otro medio se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas, sin entregar la mercancía u objeto ofrecido.

Además, en el sistema garantista actual de la materia penal, ya el Ministerio Público dejó de ser “Voz de Dios”, o lo que es lo mismo “Sólo mis chicharrones truenan” como para decir la última palabra de si un delito se configura o no.

 

Ciertamente dicho funcionario puede abstenerse de investigar pero porque encontró durante sus actuaciones razones suficientes y convincentes de porqué se abstendrá y mandará la carpeta de investigación a reserva, a archivo provisional o al no ejercicio de la acción penal.

 

Pero esto no es porque al Ministerio Público se le antoje, es por una razón sostenida en la Ley, pues deberá hacer partícipe al Juez de Control, al imputado, al ofendido, a la víctima quienes podrán impugnar dicha decisión del Ministerio Público.

 

Y en épocas ya idas, amable lector, el Ministerio Público era Dios ante quien había qué arrodillarse porque además del imperio tiránico de la Ley, tenía a su lado, muy cerca, la sala de torturas y una 9 milímetros fajada a la cintura.

 

Este es el otro lado amable del sistema garantista del que hablábamos en nuestro artículo anterior cuando pusimos en la balanza de la crítica el derecho penal del enemigo, y el sistema garantista de Ferrajoli.

 

Por eso a nuestra gente no hay que engañarla. Decirle la verdad es menester para un buen gobierno. La propia ley desmiente al funcionario. Permitan la presentación voluminosa de denuncias de toda aquella mujer que se siente agraviada porque su dinero no se devolvió y porque el ofrecido jamás se le entregó.

 

Y si después se demuestra que no tiene razón, convénzanla, pero a través de indagatorias, de recibir testimonios y todo tipo de probanzas, no de una simple declaración radiofónica de que no se configura ningún delito porque da la impresión de que la autoridad está legitimando lo ilegal.

 

O usted, ¿qué opina amable lector?.

El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios Estados y articulista en diversos periódicos del país. Teléfono (6621) 57.7114 celular  [email protected]


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