Infiltrados. Y el ombudsman citado hoy en la procu



Arturo Soto Munguía Dossier Politico

Dia de publicación: 2017-01-10


Enterarse de que aprehendieron a tres de los sujetos involucrados en los hechos violentos del pasado domingo en la fronteriza ciudad de Nogales, cuando un numeroso grupo de infiltrados en la manifestación antigasolinazo atacó a pedradas a la policía estatal, debería mover a la tranquilidad, por el hecho de que la justicia actuó pronta y expeditamente.

 

Enterarse de que el principal involucrado, considerado el autor intelectual y material del zafarrancho fue detenido en poder de siete fusiles de asalto y hasta una ametralladora Barret calibre 50, más de 400 cartuchos útiles y cargadores para armas largas, mueve más al asombro y a la zozobra. Abre todas las interrogantes.

 

¿Quiénes son esos tipos? ¿A las órdenes de quién obedecen? ¿Por qué estaban en el centro de una manifestación pacífica, de claro contenido social y político? ¿Por qué traían ese arsenal consigo?

 

Hay que recordar que los instigadores de la turba que atacó a pedradas a los agentes de la policía estatal también pudieran estar involucrados en la vandalización de las locomotoras que, saboteados sus sistemas de frenos, fueron a estrellarse contra la puerta fronteriza que divide a México de Estados Unidos, en un incidente que pudo ser de consecuencias más graves.

 

En los últimos días se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que el movimiento contra el gasolinazo se encuentre infiltrado por provocadores y vándalos. Del origen de estos, uno y otros partidos se acusan mutuamente, dependiendo de su condición como gobierno o como oposición en cada entidad.

 

Pero la detención de estos sujetos, que fueron captados claramente en fotografías y videos, instigando a los manifestantes y a grupos más amplios de jóvenes para arremeter contra los agentes policiacos, podría introducir un nuevo elemento: la presencia del crimen organizado en las protestas, lo cual debió prender todos los focos rojos en el tablero de los aparatos de seguridad  del Estado.

 

Al menos tres de esos individuos ya se encuentran detenidos y será interesante conocer sus declaraciones en torno a los motivos de su presencia y de su accionar durante la manifestación, algo que probablemente ya conozcan en la PGR.

 

II

 

El ex alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero obtuvo un amparo que lo protege contra un auto de formal prisión decretado en su contra por el Juez Décimo de Distrito con sede en Sonora, en atención a una orden de aprehensión por delitos de uso indebido de facultades y atribuciones, cuando se desempeñó como secretario de Hacienda del gobierno de Guillermo Padrés Elías.

 

Esos delitos son considerados como ‘no graves’, por lo que el indiciado puede enfrentar su juicio en libertad, con las restricciones propias de estos casos, como el acudir semanalmente a firmar en los juzgados y no abandonar la ciudad.

 

El punto es que el ex alcalde ya se encuentra bajo la lupa de los sabuesos de la PGR, lo mismo que su sucesor, Carlos Villalobos Organista y el tesorero del padrecismo, Mario Cuen Aranda, quienes eventualmente podrían seguir los pasos de su jefe rumbo a algún penal federal.

 

III

 

Ayer se presentó el primer informe del Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo, un colegiado que preside el académico Aquiles Fuentes Fierro y en el que participan Jesús Luis Gámez García, Mirtha Irene Alvarado Verdugo, Manuel Montaño Barceló y María Elena Carrera Lugo.

 

El detalle de este informe lo podrá encontrar la legislativa lectora, el parlamentario lector en http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=10133&categoria=1

 

Evaluar  el trabajo legislativo es, ciertamente complejo por la cantidad de indicadores a medir (algunos fueron eliminados, como la aprobación de iniciativas, ya que las minorías parlamentarias argumentan que no cuentan con los votos suficientes para incidir en este indicador), pero hay varios criterios que resultan importantes para medir un aspecto del trabajo en la Cámara.

 

Los contenidos de las iniciativas, la información y el impacto en la ciudadanía; la socialización previa que se haga a través de foros y otros mecanismos de difusión y consulta; la presentación y la aprobación en el pleno.

 

Si bien el número de iniciativas presentadas por los diputados no es uno de los aspectos más relevantes a considerar, destacan como los más productivos en ese rubro el panista Moisés Gómez Reyna con 12, seguido de la panista 'desvinculada'  Carolina Lara Moreno, con 10; el de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto León, con 9 y el priista Epifanio Salido Pavlovich, con 8.

 

En el rango de quienes presentaron entre una y cuatro iniciativas, aparece María Cristina Díaz Brown como la única que alcanzó una calificación de 100 (a partir de los criterios señalados anteriormente); seguida de Javier Villarreal Gámez, Rodrigo Acuña Arredondo y Rafael Buelna Clark, todos del PRI, con 80 de calificación.

 

El mejor calificado entre quienes presentaron entre cinco y ocho iniciativas es el coordinador parlamentario del PRI, empatado con el perredista Juan José Lam Angulo, ambos con 80.

 

Y entre quienes presentaron de nueve a 12 iniciativas, los mejor calificados son el coordinador parlamentario del PAN, Moisés Gómez Reyna y Carolina Lara.

 

Un rubro en el que siguen con indicadores bajos en la actual legislatura es en el de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo porque varios de ellos no han presentado su declaración 3 de 3.

 

Los que no han presentado su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de interés son los panistas Célida Teresa López Cárdenas, Javier Dagnino Escobosa, Lissette López Godínez, Manuel Villegas Rodríguez y Carolina Lara.

 

Tampoco lo han hecho los del PANAL, Fermín Trujillo y Teresa María Olivares, así como el perredista Juan José Lam Angulo.

 

En general, la comisión validó el trabajo legislativo con una calificación aprobatoria, aunque con observaciones para mejorar.

 

IV

 

Este miércoles a las 10 de la mañana, está citado a comparecer en la Procuraduría General de Justicia, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Raúl Arturo Ramírez Ramírez.

 

La comparecencia tiene relación con el caso de Gisela Peraza, la trabajadora doméstica de la familia Padrés Dagnino que, acusada de robo, fue privada ilegalmente de su libertad, torturada en la Casa de Gobierno por órdenes del hoy diputado federal de lista, Agustín Rodríguez Torres, entonces secretario particular del gobernador Guillermo Padrés, y bajo la mirada  de la ex primera dama, Iveth Dagnino de Padrés.

 

Gisela Peraza fue encarcelada cuatro años por ese presunto delito, y finalmente puesta en libertad por desvanecimiento de pruebas, aunque el último día de prisión, todavía fue víctima de otra perversidad, al ‘sembrársele’ droga para mantenerla en prisión, lo cual finalmente no fructificó.

 

El caso, como se sabe, fue conocido en la CEDH, donde al igual que otros, como el de María Jesús Llamas Coronado “La China”, muerta en una celda de la PEI en Guaymas, fueron relegados, o al menos no se les dio el seguimiento adecuado, presuntamente por involucrar a personajes del pasado sexenio.

 

Quizá ese sea el tema por el cual hoy fue citado el titular de esa comisión.

 

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