Cartas al Director



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yaqui

TANTO PECA EL QUE MATA LA VACA COMO EL Q LE AGARRA LA PATA TANTO EL IMSS COMO LOS DUEÑOS-PALANCUDOS TIENEN CULPA PARA Q LE HACEN AL PENITENTE AL BOTE LOS DEL IMSS Y LOS DUEÑOS
--SI COMO NO--

2009-12-16
Arturo Aguilar Cortés

La elección del C.P. Portal M. como titular de la ASF fue la adecuada debido a su trayectoría en la APF, seguramente la ASF se fortalecera.

2009-12-16
Carlos Silva

Alejandro, para responder la pregunta ¿cuál fue la causa de la tragedia ABC?,te puedo decir que la negligencia de las empleadas de la guardería también son la causa de la tragedia ABC... Y te señalo que el periódico PROCESO publicó que los documentos rescatados de la guardería ABC de Hermosillo, los cuales se hallan en manos de las autoridades de Sonora, revelan que los empleados de esa estancia eran sometidos a condiciones leoninas de trabajo; que se ofrecían pésimos servicios a los niños; que el IMSS detectó ahí numerosas anomalías y exigió corregirlas –incluyendo modificaciones en el techo que finalmente propició la tragedia–, pero no vigiló que sus disposiciones fueran atendidas. Socios de la guardería tienen otras estancias infantiles, que siguen operando y les dejan jugosas ganancias... Apiladas en un cuarto de la Procuraduría de Justicia de Sonora se hallan 13 cajas que contienen fotografías de chiquillos sonrientes de la guardería ABC, libretas con anotaciones sobre sus últimas horas de vida y expedientes manchados de hollín que permiten reconstruir parte de la historia de la estancia infantil antes del incendio que mató a 48 niños y dejó 75 lesionados. Dichos documentos, rescatados por el Ministerio Público, exhiben las condiciones laborales leoninas a las que eran sometidas las trabajadoras y la pésima calidad del servicio que ofrecían, además de aportar información sobre la forma en que los dueños del local hicieron de esa y otras guarderías subrogadas por el IMSS, que aún operan, su modus vivendi. En una foto publicada en marzo de 2004 por el diario Cambio, a las trabajadoras de la guardería ABC se les ve cabizbajas en la sala de espera de la Dirección del Trabajo. El 1 de marzo habían bloqueado con una bandera rojinegra la puerta de la guardería para protestar por sus condiciones laborales y porque tres compañeras habían sido despedidas. A las 7:00 de la mañana llegó Marcelo Meouchi, el representante legal de la estancia, a pedirles que volvieran a trabajar y les dio su palabra de que no habría represalias contra ninguna. Ellas aceptaron y regresaron a sus labores. Él incumplió su palabra: ese mismo día Meouchi, quien dijo tener 35 años de edad y vivir en el lujoso barrio Centenario, interpuso denuncias penales y civiles contra 22 trabajadoras y su líder sindical por el delito de “despojo”. Luego despidió a 13, de las cuales seis lograron ser reinstaladas y siete aceptaron renunciar a cambio de que la empresa “les retirara la orden de aprehensión”, según consta en los diarios. El depósito de nómina del 16 al 30 de mayo pasado, que fue salvado de los escombros, evidencia que se pagaron 65 mil 82 pesos de salario a 43 empleados. En promedio, su sueldo era de mil 513 pesos a la quincena. La mayoría de las trabajadoras eran jóvenes con preparatoria o mamás de niños que asistían a la ABC. Cada empleada tenía un expediente donde aparecían cartas de amonestación (por cada tres acumuladas se les descontaba un día de sueldo). Una agenda encontrada entre los restos del inmueble se usaba para registrar las causas de los descuentos. El día fatal quedó escrito: “Dulce, vacaciones 2/ Mary va a llegar tarde, deberá tiempo, pidió permiso para Dr. y banco/ Bibiana faltó”. Las empleadas con hijos inscritos debían firmar el “Reglamento de la Madre Trabajadora”, en el que aceptaban que el día que faltaran (así fuera “por incapacidad, visita al médico o permiso”) no tenían derecho a dejar a su niño en la guardería; que si sus hijos se enfermaban durante horas de trabajo alguien más tendría que llevárselos, y en caso de que por ese motivo debieran ausentarse se les descontaría de su salario dicha falta. En el expediente amarillo de Alejandra Moreno se lee que entró cuando era soltera, tenía 19 años y no estaba embarazada. Un examen de orina extendido por un laboratorio lo ratifica. Como otras, ella firmó un contrato temporal en el que se lee: “Es contratada para realizar actividades de Asistente Educativo”, y “por la naturaleza del puesto sólo se le requiere por un período de 28 días”. Se especificaba también que su salario sería de 95.90 pesos diarios y que por tres suspensiones acumuladas se quedaría cuatro días sin sueldo. Como todas, tuvo que firmar la siguiente cláusula: “Queda estrictamente prohibido tratar asuntos sindicales dentro del horario laboral, así como también dentro y fuera de las instalaciones de la guardería”. Desde la huelga frustrada, los dueños de la ABC se unieron con los propietarios de otras guarderías de Hermosillo para obtener la representación de una abogada que hizo contratos donde las futuras trabajadoras renunciaban de antemano a sus derechos. Difundieron entre empresarios una “lista negra” con el nombre de 24 mujeres recomendando no contratarlas porque habían participado en cuestiones sindicales. “Debido al problema suscitado en una guardería local del esquema vecinal donde el sindicato llevó a sus empleadas a realizar un paro laboral, para llevar a cabo un pliego petitorio irracional (…) sería necesario unirnos para hacer frente a esta problemática antes de que pudiera llegar a afectarnos a nosotros también”, se lee en la carta distribuida el 27 de noviembre de 2002. Mas los problemas en ABC siguieron. El 26 de septiembre de 2005 el IMSS negó a la representante Sandra Téllez su solicitud para ampliar el cupo de niños con el argumento de que “cuenta con dos casos en proceso de juicio laboral relativo a sus trabajadoras”. A raíz del conflicto mencionado, los empresarios formaron la Asociación de Guarderías de Sonora y, según los documentos, presionaron en bloque al IMSS para que aumentara la cuota por niño atendido, permitiera ampliar el cupo antes de licitar nuevas guarderías y disminuyera sus exigencias. En un escrito enviado a la aún coordinadora nacional de Guarderías, Carla Rochín –quien presentó su renuncia el pasado 18 de julio–, señalaron que, gracias al esfuerzo desarrollado por la Asociación, el IMSS dejó de exigirles “la contratación del médico epidemiológico, colación reforzada vespertina, menús tan costosos, perfiles de personal con alta escolaridad, con la finalidad de que al bajarnos la cuota de $2,019 a $1,951 bajáramos nuestro costo de operación y lográramos seguir operando”. Se oponían al requisito de contratar personal de escolaridad elevada con el siguiente argumento: “El título profesional no garantiza la calidad humana necesaria para el trato y atención requeridos por el menor (…) la contratación de estas dos personas (asesor nutricio y jefe de fomento a la salud) nos significaría un gasto extra de entre 80 mil y 120 mil pesos anual”. Por cada niño a su cargo recibían 2 mil 309 pesos mensuales y, en el momento del incendio, tenían 221 inscritos. En el mismo período, erogaban 130 mil pesos en sueldos y 41 mil en la renta de la bodega. “Tenían capacitad autorizada para atender a 196 niños, pero ese mes sumaban 221, de los cuales 48 fallecieron, 75 resultaron con lesiones de distintos grados, y 98 quedaron supuestamente ilesos. Había 25 niños de más y no suficiente personal”, dijo a Proceso el abogado de los padres de las víctimas, Lorenzo Ramos. Los oficios del IMSS Algunas de las anomalías que el IMSS encontró en inspecciones realizadas a la guardería ABC se registraron como sigue y, en ciertos casos, adoptaron la forma de prohibiciones o recomendaciones: “Se detectó mal olor en los sanitarios infantiles (…) queda prohibido sustituir carne con espagueti (…) los alimentos no se congelan para dárselos a los niños cuando vuelva a tocar el menú (…) no debe agregársele agua al jugo de naranja (…) se detectó a niños acostados sobre las colchonetas porque no alcanzaron las sábanas…” Los papeles encontrados dan cuenta de la relación amor-odio que había entre los representantes de la guardería y el Seguro Social. A veces llegaban a amenazarse con romper relaciones, después se reconciliaban y al final se abrazaban. Uno de los primeros oficios del instituto describía a la estancia ABC como una guardería sucia, con telarañas, sin lugar específico para lavarse las manos, con alimentos refrigerados sin etiquetas, con olor a drenaje, sin enfermeras ni médicos, sin salida de emergencia y con ácidos desinfectantes en la cocina. Sin embargo, siguió operando. El 28 de febrero de 2005, el IMSS reclamó a la guardería no respetar la capacidad establecida para 196 lugares e ignorar el plano de distribución que presentó originalmente. El 18 de abril le reprochó que las educadoras no reunieran el perfil laboral, y el 23 de agosto el jefe de Prestaciones Económicas y Sociales envió a Marcelo Meouchi un oficio donde le exigía cubrir la deuda de 59 mil 685 pesos por cuotas obrero-patronales no cubiertas en 2002 y 2003, y le recordaba que el instituto no tiene que cargar con las obligaciones de ABC para con sus trabajadores. El 26 de mayo de 2006, el reclamo fue por falta de personal capacitado y desapego a la calidad del servicio que el IMSS les contrató. En junio, se subrayó la falta de alimentos y de productos Gerber, y para septiembre la crítica se enfocó a las instalaciones: iluminación insuficiente, mal olor sanitario, huellas de filtración de agua. En enero de 2008, las inspecciones del IMSS advirtieron la falta de sábanas y las paredes humedecidas y con hoyos, así como el mal olor y la rotura de muebles. En el expediente consta la queja de una señora por el hecho de que su hija aspiraba solventes en el área de descanso recién pintada. Pero ya desde el 26 de julio de 2005 se había hecho llegar a la guardería un oficio que, de haber sido atendido, podría haber salvado la vida de los menores quemados en 2009. Dicho oficio señalaba a Sandra Téllez que era necesario ampliar las puertas principales, instalar puertas de seguridad abatibles hacia el exterior, sustituir plafones por material no inflamable (“tienen un plafón a base de lona plástica tipo carpa y es altamente combustible”), aislar el techo y arreglar ductos. Los empresarios ignoraron las adaptaciones señaladas y los inspectores no insistieron en exigir su cumplimiento. Los otros negocios En otro de los galerones-guarderías que siguen funcionando en esta ciudad, que se denomina EDI y pertenece a uno de los socios prófugos de la ABC, Gildardo Urquides, un joven que por las tardes cuida el establecimiento explica a los padres que llegan en busca de un lugar para sus niños: “Puede traer a su hijo, aquí hay muchas medidas de seguridad, ya hasta quitamos los tambos de gas que teníamos en la entrada, ya pusimos cableado nuevo y este techo no se quema.” Lo mismo ocurre en la guardería Pasitos Adelante –ubicada en Ocotillo Business Park, un complejo de talleres industriales–, propiedad de Sandra Téllez, donde hace unos días los albañiles reparaban las instalaciones. “Ya tiene cableado eléctrico, más extinguidores, detectores de humo y puerta de pánico que pusimos como plus”, explicaba la psicóloga que atendía en la entrada un día antes de la reinauguración. En la Guardería Norte, otra bodega que forma parte de un parque industrial y anuncia cupo para 250 niños, una simpática recepcionista explica: “Lo cerramos durante dos semanas para hacer modificaciones. Al techo le quitamos el poliuretano y le pusimos otro que no se quema”. A Pequeños Gigantes, una guardería que comparte pared con una fábrica de aluminio, le cambiaron el techo de lámina por uno de fibra que, según la recepcionista, “tarda hora y media en consumirse”. Desde 2001, a la socialité hermosillense le entró la fiebre por el negocio de cuidar niños, y en bodegas techadas con láminas y decoradas con algunos motivos infantiles instalaron, además de ABC, las guarderías Pasito Adelante, Del Norte, EDI, Sonrisitas, Del Río, entre otras que siguen activas. Entre los escombros de la ABC se encontraron también papeles de Pasito Adelante y planos de la guardería Dynatech, así como correos electrónicos y documentos donde aparece la firma de los dueños como representantes o asistentes a distintas reuniones del ramo. “Los dueños (de ABC) son tres, pero a quien únicamente conocíamos fue a Sandra Téllez”, declaró ante el MP la educadora Marina Flores después del incendio. “Únicamente conozco a una señora que se llama Sandra, y también a un señor que conozco únicamente como Tony”, dijo a su vez la cocinera Guadalupe Torres. Los papeles localizados en la guardería incendiada permiten reconstruir parte de su historia. Todo inició el 8 de mayo 2001, cuando un notario público solicitó el permiso de constitución de una sociedad para cinco guarderías: ABC, Picolino, Crece Conmigo, Mundo de Juguetes y Mundo Feliz. La idea no prosperó y sólo se constituyó la “Sociedad ABC”. Los jóvenes empresarios Marcelo Meouchi y Antonio Salido, junto con sus esposas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y María Fernanda Camou, entonces treintañeras, formaron la “Sociedad Civil ABC”. Ellas aparecían como únicas socias, en tanto que ellos figuraban en calidad de miembros del Consejo de Administración. Se hicieron asesorar por Gildardo Urquides, quien acababa de instalar EDI y dos años después abrió otra guardería en Nogales. El tío de Gildardo, José Manuel Matiella Urquides, les rentó la bodega que adaptaron como la guardería ABC. El contratista Martín Celaya declaró que cuando lo contrataron para los trabajos de remodelación pensó que la vieja fábrica tenía aval para operar porque vio a funcionarios del Seguro Social paseando con los dueños y sabía que contaban con la aprobación del Ayuntamiento. Sin embargo, existe una notificación del 25 de junio de 2001 donde el Ayuntamiento les pide suspender los trabajos por falta de permisos. Aparentemente así se hizo pero, ese mismo año, reanudaron las obras e inauguraron con el aval del entonces delegado del IMSS, Ernesto Rivera, quien aprobó el contrato con ABC y con las demás guarderías de la socialité, a las que renovó el permiso para el año siguiente. E inclusive, con el fin de empujar la solicitud de ABC, el dueño de la bodega, José Manuel Matiella Urquides, escribió una carta al IMSS en la que señalaba: “La techumbre formada por estructuras metálicas sobre las cuales descansa una cubierta de lámina galvanizada con aislamiento térmico se hizo cumpliendo con las normas… la construcción tiene edad aproximada de 17 años, durante los que no se ha encontrado ni la más mínima falla”. Pero la bodega siempre tuvo material de poliuretano en el techo, que ardió en segundos, expulsó un humo altamente tóxico que asfixió a los niños y goteó sobre ellos hirviente. Esto aceleró la combustión de la lona de plástico que se había puesto para tapar el techo. En 2004, ABC se convirtió al esquema vecinal y aprobó nuevas revisiones del Seguro. Para 2005, Gildardo Urquides –quien durante el incendio era director de Finanzas del Comité Estatal del PRI de Sonora– y Sandra Téllez, esposa del subsecretario de Ganadería Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, así como cuñada de Urquides, se convirtieron en socios capitalistas de la Sociedad ABC. Camou, la esposa de Meouchi –familiar de los propietarios de Sonrisitas– les vendió su parte. El negocio de la ABC parecía redondo: el tío de Gildardo Urquides les rentaba por 40 mil pesos la bodega, un precio 10 veces menor al que rentaba el terreno contiguo como almacén al gobierno estatal, por el que cobraba medio millón de pesos y donde se inició el incendio. A partir del 5 de junio de 2009, los socios de ABC, habitantes de las exclusivas colonias Centenario, Residencial Capistrano y Alta California, pasaron de las páginas de sociales, de los diarios locales, a las de nota roja. Según las declaraciones del funcionario Escalante Hoeffer, su esposa Sandra había acudido a la guardería el mismo día del siniestro, aunque ninguno de los testigos del caso refiere haberla visto. Al día siguiente Antonio Salido, esposo de Marcia Gómez del Campo, acudió a la procuraduría, declaró que la sociedad estaba “ofendida” por el incendio y levantó una denuncia contra quien resultara responsable. La bodega estaba asegurada por AXA. Ahora, el abogado de las víctimas, Lorenzo Ramos, apunta: “El 6 de junio, cuando habían muerto ya 30 niños y los papás todavía andaban batallando para que les entregaran los cuerpos y más de 10 niños agonizaban, Antonio Salido se presentó ante el MP para interponer una formal denuncia contra quien resulte responsable por el delito del incendio y los que resulten. ¡Estaba reclamando daños a su propiedad! Eso revela su bajeza moral. Él fue a reclamar lo suyo”. A los tres días de la tragedia, los implicados ofrecieron una conferencia con rostros compungidos y ojos llorosos. Se dijeron inocentes. En declaraciones posteriores responsabilizaron a la directora de la guardería, Diana Jaime Peralta, quien aún convalece en el hospital con el cuerpo quemado al 80% por haber tratado de sacar niños del fuego. Mas la muerte de 48 infantes y las lesiones que sufrieron otros 75 no han impedido a los dueños de ABC seguir “embodegando” hijos de trabajadores afiliados al Seguro Social en sus otros negocios. Siguen recibiendo ganancias del “ramo” aunque, hasta el cierre de esta edición, se hallaban en calidad de prófugos.

2009-12-15
victor manuel

Ne la contienda por dirigir al PRI no creo conveniente la participación de Rosario Rodriguez, que ha hecho su carrera política a costillas de la CTM, no creo que tenga la capacidad ni la inteligencia para llevar a buen puerto lo que queda del PRI en Sonora.
El movimiento por la extinción del PRI que nació en la entrañas del ISEA, ha ido creciendo y dudo mucho que el PRI vuelva a ser protagonista en próximas elecciones, la ineptitud de Roberto Ruibal dio al traste con lo poco que se podía recuperar del PRI, pero hoy ya es demasiado tarde.
Fue un error del PRI de deshacerse de gente con mayor capacidad, solo para ocupar ciertos puestos en la pasada administración, uno de esos que sacó Roberto Ruibal fue parte crucial en la conformación de esete movimiento, si quieren reucperar alguna ventaja piensen en otra persona que dirija el PRI y olvídense del Cahyo Rodriguez y el grupo de Roberto Ruibal y Cía.

2009-12-15
Carla

La guardería-bodega incendiada pertenece al sistema de estancias infantiles concesionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y apoyadas económicamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Los dueños, emparentados con Felipe Calderón y con la familia Bours Castelo, se han beneficiado del sistema que paga aproximadamente 700 pesos mensuales por cada niña o niño inscrito en estas guarderías. Aunque no es la primera vez que muere un niño en una de las guarderías del sistema Sedesol, es ésta la más impactante, por la cantidad de fallecidos, 44 hasta el momento. La forma vertiginosa en que se revelaron las condiciones en que se otorgan permisos sin salvaguardar la integridad de los usuarios, tiene en la mira a las instituciones que permiten operar a un centro con más de 100 personas indefensas y con las mínimas condiciones de seguridad que respondan de manera óptima a los posibles riesgos. Hasta ahora, la Secretaría de Salud, Protección Civil, el Ayuntamiento de Hermosillo, el gobierno del estado, Sedesol e IMSS han dicho que la guardería ABC, subrogada del IMSS, contaba con todas las condiciones adecuadas para operar, incluidos los permisos necesarios. No obstante, han callado a las preguntas: ¿Por qué sólo había una puerta angosta supuestamente de emergencia, cuyo sistema eléctrico impidió que se abriera rápido? ¿Por qué la guardería opera a menos de una cuadra de una gasolinera, que por cierto los vecinos se opusieron a su instalación? Y más: ¿Quiénes son los responsables de otorgar los permisos? ¿Qué hacía la guardería ubicada pared con pared con una bodega donde se guardaba combustible, en la cual empezó el incendio? Bodega que, por cierto, es de la Secretaría de Hacienda. Las respuestas apuntan a la irresponsabilidad para beneficiar a ciertas personas, a costa de la población pobre. El sector de la Y Griega es periférico a la ciudad. Es un paso de transporte pesado. En ella hay bodegas, almacenes, refaccionarias… La guardería misma, hasta hace unos años, se utilizaba como bodega de un comercio que vende muebles en abonos, llamada Citlali. Por eso su pared es compartida con otros almacenes. La adecuación para guardería no cubrió los mínimos requerimientos para ser utilizada como estancia infantil. El propio alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, informó que en 2001 el edificio donde se instaló la guardería ABC obtuvo el permiso de uso de suelo como "mixto", por lo que puede operar como vivienda o como comercio. Tal era, al parecer, el significado que tenía la guardería: un negocio en donde se optimizaron gastos para hacerlo más redituable, a costa de vidas humanas. Sin patio, sin ventanas y con sólo una puerta de emergencia, cuyo sistema eléctrico ante la emergencia se resistió a abrirse, reflejan el horror de descubrir la negligencia de los gobiernos de los tres niveles, que manejan las guarderías como un sistema de franquicias concesionadas a sus familiares y allegados. Normas oficiales ignoradas La NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores de edad y adultos mayores, define que son necesarias puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil operación, lo que contradice la realidad de la guardería ABC. También especifica que en muros no se deben utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos. En la guardería ABC su techo de lámina estaba recubierto de poliuretano, altamente inflamable, que en segundos se convirtió en una lluvia de fuego que cayó sobre los niños. Por su parte, la norma que reglamenta las estancias infantiles del IMSS, dice que el personal de la guardería deberá vigilar permanentemente que no existan al alcance de niños y niñas factores de riesgo que afecten su integridad física. Esto no pudo cumplirse, ya que sólo se toma en cuenta el interior del inmueble, más no los inmuebles contiguos de los que sólo los separa una pared. Además, se indica que se deberá cumplir con lo determinado en el programa de Protección Civil de cada entidad. El reglamento de la Ley de Protección Civil de Sonora dice que el "agente destructivo de origen químico-tecnológico" son los fenómenos perturbadores generados por la acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear de diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico, y afecta principalmente a las grandes concentraciones humanas e industriales; son fenómenos destructivos, tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones. De igual forma, define "análisis de riesgo" como la técnica que, con base en el estudio de las condiciones físicas de un edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes, determina el nivel de peligro o exposición a emergencias, siniestros o desastres del mismo, así como las probables afectaciones externas a la población, sus bienes, entorno e instalaciones vecinas. En la guardería ABC se ha jugado con esto. El director de Protección Civil municipal, Roberto Copado Gutiérrez, admitió que la última revisión y práctica de simulacro de evacuación se realizó en junio de 2008, pese a que la ley en esa materia señala que debe hacerse por lo menos cada seis meses. El "riesgo inminente", en tanto, se define como la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente destructivo en forma inmediata o en un plazo tan breve, que no permita la imposición de medidas correctivas, de tal manera que amenace con un siniestro, emergencia, desastre o acción susceptible de causar daño o perjuicio a las personas en su integridad, vida, sus bienes y entorno. También dice que las unidades internas de Protección Civil deberán "identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo correspondiente". Para los efectos del Artículo 37 de la mencionada ley, se entenderá que tiene capacidad de afluencia masiva cualquier inmueble o edificación que por sus dimensiones pueda recibir o contener a 50 o más personas o que en el mismo, durante un periodo de 24 horas, circule ese mismo número de individuos, donde se incluirán las personas que trabajen en el lugar. Y en la guardería había 176 niños, más el personal. Se considerarán como instalaciones, áreas y ocupaciones de alto riesgo, aquellas en las que se "almacenen o distribuyan gases o líquidos inflamables o combustibles". En el caso de la guardería ABC era como si el combustible estuviera en el mismo edificio, puesto que los separaba de él sólo una pared. Todas las disposiciones de la Ley de Protección Civil de Sonora están hechas bajo el supuesto de una edificación normal, no de una bodega adaptada para guardería. Corresponsabilidad del gobierno estatal En agosto de 2006, el gobierno de Sonora dio a conocer, sin más explicación, que los centros de desarrollo infantil Fernanda Luken de Obregón y Beatriz Velazco de Alemán, operados por el DIF estatal, cerraban sus puertas, para dar paso a la operación de 28 "casas de apoyo", servicio prestado por particulares en casas dispersas por la ciudad. Los nuevos centros de cuidado de niñas y niños, con la vieja técnica de "cuidar niños", dieron al traste con la profesionalización que se había logrado a partir de los años setenta, al crecer el sistema de centros de desarrollo infantil. Poco después se dio a conocer que también el centro de desarrollo infantil de la colonia Adolfo de la Huerta, del DIF, cerraba sus puertas a las niñas y los niños, dejando así a cerca de 900 de ellos a la deriva. Muchas de las madres trabajadoras regresaron a la incertidumbre de dónde dejar a sus hijos, por lo que muchas optaron por dejarlos en las casas de apoyo, sin ningún tipo de certificación que garantizara un cuidado profesional. Otras tantas vieron como una oportunidad, con más tranquilidad, el ingresar a sus pequeños en las guarderías del IMSS, pues suponían que estarían mejor supervisadas. Según el director del IMSS en Sonora, hoy existen 88 guarderías, de las cuales 79 están dentro del esquema de subrogación y sólo nueve bajo el régimen ordinario. Ante ello, el gobierno del estado nunca dio una explicación a la sociedad, y los centros se convirtieron en oficinas, con lo que se abonó al desastre que el viernes pasado conmovió al mundo. Crimen de Estado, violación de normas Irónicamente, el objetivo del programa de estancias infantiles de Sedesol establece que busca disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niñas o niños de entre uno y 2 años 11 meses de edad recae en una madre trabajadora o padre solo, así como de los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos en el momento de solicitar el apoyo, aumentando las posibilidades de éstos de participar en el mercado laboral. Así mismo, en la modalidad de apoyo a madres y padres trabajadores, en los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos, con al menos un niño o niña de uno a 2 años 11 meses de edad, en los que las madres o padres o principales cuidadoras trabajan o están buscando trabajo y no tienen acceso a servicios de guardería o cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. Establecidas por este programa, las guarderías del IMSS dan servicio directamente a la población de menores ingresos. Para ser usuaria de estas guarderías, la persona solicitante deberá estar en condiciones de pobreza, y que la guardería o estancia infantil esté ubicada en una zona de alta concentración de pobreza o marginada. Los niveles de ingreso de las usuarias parecen directamente relacionados con el escaso nivel de atención a la organización y prestación del servicio que, más lejos del beneficio, se tornó en tragedia. Por eso las palabras del director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, sobre la supuesta revisión que se hizo a la guardería ABC –que "cumplía con todos los requisitos", el pasado 26 de mayo–, resultaron un insulto para la irritada población hermosillense. Socias y socios del poder La subrogación, como forma de eludir responsabilidades para con las mujeres trabajadoras, y negocio redituable para las familias adineradas, no pudo, sin embargo, ocultar la identidad de socias y socios dueños de esta guardería ABC. Al dar a conocer públicamente sus nombres a través de un comunicado del gobierno del estado y luego en diarios locales y hasta en un video en Youtube, se reveló que los dueños son prominentes sonorenses no sólo por su posición económica, sino también por sus nexos políticos con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y de Eduardo Bours, gobernador de la entidad. Como lo dio a conocer ayer el Registro Público de la Propiedad en Sonora, son dueños Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa (según la prensa local) del subsecretario de Ganadería del gobierno sonorense, Alfonso Escalante Hoeffer, quien es cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, otro famoso empresario en la entidad, muy cercano al gobernador Eduardo Bours y a su hermano Ricardo. También aparece como dueña Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien sería sobrina de Margarita Zavala. Según medios locales, Altagracia es hija del empresario Roberto Gómez del Campo, dueño de empresas vinculadas con la atención a la niñez, como el patronato La Burbuja y el Museo del Niño en la entidad, y tío directo de la esposa de Felipe Calderón. Por otro lado, la madre de Altagracia Gómez figura como representante legal de la Sociedad de Damas de la Caridad IAP (Casa San Vicente), que alberga a indigentes enfermos de tuberculosis. En el Registro Público de la Propiedad se nombró también a Gildardo Francisco Urquides Serrano, empresario del ramo turístico, secretario de Finanzas del PRI estatal e integrante del Consejo Consultivo del Infonavit. No era ésta, sin embargo, la única guardería que opera esa razón social, hay más en el estado con el mismo esquema: habilitar bodegones, pues resulta más económico que hacer una nueva construcción con todas las especificaciones de funcionalidad y seguridad. Ante tales evidencias, el mejor homenaje que pudieran tener las niñas y niños fallecidos es la aplicación de la justicia a los responsables de que una doctora gritara, ante madres y padres afligidos: "Tenemos una niña sin identificar, que tiene sus uñitas pintadas de verde".

2009-12-15
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