Cartas al Director



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Cartas de los lectores enviadas



Conrado Rivera Durazo

Estimado Óscar: la presente va con el objetivo de saludarte y además felicitarte por el arribo a los 11 años de Dossier político, desde luego va también la felicitación para todos. Los que conforman el equipo de trabajo que hacen posible que nosotros los lectores tengamos un medio de comunicación auténticamente plural. Resulta fácil decir que un medio de comunicación a cumplido 11 años (hay algunos que tienen hasta mas años ) pero lo que no es fácil decir es que un medio &diga que lleva 11 o mas años ejerciendo un periodismo comprometido con la sociedad y defensor de la libertad de expresión como lo es DOSSIER.POlITiCO. Eso es lo que no es fácil. Va pues estimado Óscar, Se Hace Camino Al Andar.

2013-02-10
los vengadores

Para la base trabajadora del isssteson sur sonora q pena que x unos cuantos barberos mal informen a la secretaria general y que allá personas fuera del comité ofreciendo arreglar problemas brindándose a la delegada des sur es una falta de respeto permitido x la secretaria general del sindicato en varios departamentos prometiendo cambios averigüen y se eran cuenta y si no pregustenle al dr.romero y chofer.fco Martínez y demás guaruras

2013-02-10
juan pedro betancourt marcial

si pudieran publicar avances de demandas de ferrocarriles

2013-02-09
roberto lastra

EN SLRC SE NECESITA REUBICAR GUARDERIA, HOSPITAL 12 DEL IMSS, URGENCIAS, CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL Y BIBLIOTECA, ADEMAS ASADERO DE POLLOS AL CARBON PORQUE A MENOS DE 100 MTS. SE CONSTRUYE GASOLINERA. AVE. CONSTITUCION Y CALLE B. HILL.

2013-02-08
alfredo parodi pantoja

"PODEMOS ACEPTAR QUE LA IGNORANCIA NOS LIMITA, PERO NO DEBEMOS PERMITIR QUE LA INJUSTICIA NOS LIMITE."
Con todo respeto a tu persona y a tu medio de comunicación, me atrevo a opinar en este grave estado de indefensión en que los ciudadanos vivimos en sonora, y una clara ausencia de seguridad jurídica en el estado de sonora, como nunca se había visto en el estado. Es sin duda que EN RELACION AL movimiento ciudadano “malnacidos”, se han violado los límites de la tolerancia por parte del gobierno estatal y policías federales y en este contexto se requiere la presencia de LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y SOLICITAR A ESTA LA INTERVENSION DE LA COMISION NACIONAL, al estar involucrados agentes federales, EN ESTE CONTEXTO SE FUNDAMENTARIA LA COMPETENCIA DE ESTE ORGANO NACIONAL, mi posición seria hacer los trámites legales para buscar soluciones y en este caso es sin duda que se debe denunciar a la comisión nacional de los derechos humanos y posteriormente una copia de dicha demanda a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PARA CREAR ANTECEDENTES Y CON ESTO IMPEDIR POSIBLES DESAPARICIONES DE PERSONAS LIGADA A ESTE MOVIMIENTO QUE ADEMAS ESTAN GRBADAS Y FOTGRAFIADAS, EN ESTA CIRCUNSTANCIA SE DEBE ADEMAS INTERPONER UNA DEMANDA COLECTIVA EN RELACION A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS E INCLUSO A LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DL ESTADO, INDEPENDIENTE DE LOS AMPAROS COLECTIVOS CONTRA DICHO IMPUESTO ANTICONSTITUCIONAL, PUESTO QUE QUIENES FIRMAN DICHO IMPUESTO ESTAN ACTUANDO CONTRA NUESTRA CONSTITUCION Y SIN DUDA ES APLICABLE EL ARTICULO 133 DE NUESTRA CARTA MAGNA QUE DICE: Artículo 133. “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los atados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la pública, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. “
En este contexto es sin dudad se debe interponer una demanda penal de forma colectiva genérica y además procede aplicar la ley de daño patrimonial del estado por daño moral, por lo que deberá el movimiento solicitar a todos los ciudadanos a unirse a una demanda colectiva contra el estado y sus funcionarios públicos denunciados e incluso contra todos los diputados del congreso del estrado, con pruebas como documentales públicas (resolución anticonstitucional del congreso) y documentales privadas de los medios de comunicación.
La responsabilidad patrimonial del Estado es una Institución relativamente nueva en nuestro sistema constitucional, que deviene de reconocer al Estado como sujeto jurídico de derechos y obligaciones ante los gobernados.
Las tesis jurisprudenciales que han venido emitiendo sobre la materia los tribunales de la Federación nos permiten tener una visión más clara sobre la responsabilidad objetiva y directa del Estado, como también se le conoce a la responsabilidad patrimonial.
Los objetivos fundamentales de éste trabajo son: la conceptualización de la responsabilidad patrimonial del Estado regulada en el marco constitucional y leyes secundarias; las consecuencias y repercusiones legales de una actuación irregular por parte de los Órganos del Estado; los procedimientos para el reclamo de la indemnización; los límites de la indemnización; y, la importancia política, social, económica y jurídica de dicha institución. Lo anterior partiendo de los criterios jurisprudenciales emitidos por las Salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito.
Mediante la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de Junio de 2002, se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución General de la República, que da origen a lo que ahora conocemos como la responsabilidad patrimonial del Estado o también llamada la responsabilidad objetiva y directa del Estado.
Hasta antes de esta reforma constitucional existía lo que durante mucho tiempo fue aplicable, pero que revestía ineficacia, que era la responsabilidad civil.
¿En qué consistía la responsabilidad civil? La responsabilidad de esta naturaleza se derivaba de conductas irregulares en las que incurrían los servidores públicos y que ocasionaban algún daño o perjuicio a los particulares. En este supuesto el particular tenía la posibilidad y el derecho subjetivo de percibir una indemnización por parte de aquel servidor público que hubiere incurrido en la hipótesis de conducta mencionada mediante juicio previo seguido ante los Tribunales competentes. Desde luego la normatividad aplicable a este tipo de responsabilidad era de naturaleza eminentemente civil, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, motivo por el cual el procedimiento en su momento se conformaba en las tres instancias básicas, es decir la que se seguía ante el fuero común, la de alzada, y, en su caso, la del Juicio de Garantías.
Novena Época
Registro: 163713
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXII, Septiembre de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: I.4o.C.300 C
Página: 1525

TEORÍA DE LA PRUEBA OBJETIVA DEL DAÑO MORAL. SÓLO ES APLICABLE CUANDO EL DAÑO SE PRESUME.
La interpretación del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, en relación con los trabajos legislativos por los cuales se incorporó dicho precepto, y la teoría de la prueba objetiva del daño moral establecida por la doctrina y la jurisprudencia mexicana, mediante la cual no se exige la acreditación directa de los daños, lleva a concluir que dicha modalidad de comprobación constituye una excepción a la regla general que impone la prueba del ilícito, de los daños y perjuicios y de la relación causal entre ambos elementos, excepción que no es aplicable a todo el universo del acervo moral, sino sólo a los bienes de éste que son de carácter intangible e inasible, y que ordinariamente mantienen su esencia en el fuero interno de las personas, como los sentimientos, la dignidad y la autoestima, en atención a que la prueba directa de su afectación es difícil o imposible de allegar, y sin embargo, resulta evidente o INDISCUTIBLE QUE CIERTOS ACTOS ILÍCITOS MENOSCABAN ESOS VALORES, COMO CONSECUENCIA NATURAL U ORDINARIA, SEGÚN LO ENSEÑAN LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA LÓGICA, pues nadie duda de la perturbación que produce, normalmente, la muerte de un ser querido como los padres, los hijos o el cónyuge, NI LA SOCAVACIÓN DE LA AUTOESTIMA POR ACTOS DE MOFA O RIDICULIZACIÓN, COMO TAMPOCO DEL MENOSCABO DE LA DIGNIDAD, CON ACTOS DEGRADANTES DE CUALQUIERA ESPECIE. La teoría en comento tiene su fundamento indiscutible en el PRINCIPIO ONTOLÓGICO DE PRUEBA, según el cual, lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. En estas condiciones, dicha teoría no resulta aplicable para los valores del patrimonio moral que no comparten en la misma medida las mencionadas cualidades de intangibilidad, inasibilidad o interioridad, sino que surgen y dependen de la interacción del sujeto con factores externos y de su relación con otras personas, COMO LA FAMA O LA REPUTACIÓN, RESPECTO DE LOS CUALES LA AFECTACIÓN NO ES RESULTADO NECESARIO, NATURAL Y ORDINARIO DEL ACTO ILÍCITO, pues para empezar no todas las personas los poseen, sino que pueden tenerse o no, y por otra parte, como se mueven dentro del mundo material, son susceptibles de prueba en mayor medida; por tanto, respecto de estos valores prevalece la carga de comprobar la existencia y magnitud del valor aducido, su afectación, y que el ilícito fue la causa eficiente de la merma del valor.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 279/2010. Centro contra la Discriminación, A.C. 24 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.


El problema no era fundamentalmente la materia que regulaba el procedimiento de responsabilidad civil, sino los efectos de las sentencias que se dictaran sobre el asunto en concreto.
Si durante el procedimiento se lograba acreditar los extremos de la acción de responsabilidad civil, se podría dictar una sentencia favorable al particular en la que se condenara al pago de una indemnización por parte del servidor público demandado. Hasta ese momento no se tenía mayor problema, ya que existía un juicio previo, se acreditaban los extremos de la acción, se obtenía sentencia favorable en la que se condenaba al pago de una indemnización y se cuantificaba el monto de ésta mediante incidente.
Pero es precisamente en este momento cuando empezaban los problemas jurídicos, prácticos, económicos para el actor particular, ya que el problema no era obtener una sentencia favorable, sino el de ejecutarla. ¿Qué sucedía? Cuando operaba la responsabilidad civil quien respondía directamente de los daños y perjuicios que se causaran con la actividad administrativa irregular era directamente el servidor público, quien debía de responder hasta el monto del patrimonio con que contara; el Estado tenía una responsabilidad subsidiaria, es decir que si el servidor público no cubría con sus bienes la totalidad de la indemnización, el Estado debería de cubrir las diferencias restantes y posteriormente hacerlas efectivas al servidor público.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA
Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los
términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso Gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y
Con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos Actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la Información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será Sancionada en los términos que dispongan las leyes.
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre Previamente la responsabilidad de aquéllos.
Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,
Siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

ALFREDO PARODI P.
Estudiante de derecho
[email protected]
www.wix.com/fempac/revistaderechocolectivo (proximamente)

2013-02-06
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