Cartas al Director



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Cartas de los lectores enviadas



cmdich

a todos los trabajadores de ISSSTESON en especial del CHAVEZ:
ya pongancen a trabajar y dejen trabajar a la gente a todos esos que pienzan que el sr. juan carlos garcia es un alacran pues digansenlon en la cara no se escuden en este medio, la verdad es k yo a eso le llamo envidia, si al joven le llegaron sus 5 minutosde gloria dejen que los disfrute al igual que si austedes les llegara no la iban a desaprovechar o si. y a los que dicen que no tiene estudios pues solo pidan su curriculum para que vean la clase de estudios o cursos que el a llevado. ya dejen las envidias a un lado y si creen que el no a ayudado a los trabajadores, pregunten en trabajo social, en el almacen, a los suplentes y en su propio departamento.
y si hablo bien de el es por que a mi me ayudo y eso que ni de su departamento soy.

gracias juan carlos y sigue asi, no hagas caso de los comentarios nefastos que hacen los verdaderos alacranes del chavez.

atentamente una persona agrdesida.

2010-05-18
EL OBSERVADORCITO

POR FAVOR DEJEN EMPAZ AL SR. JUAN CARLOS GARCIA EL ES UNA ESTUPENDA PERSONA... UN POCO ALTANERO,GROSERO Y CREIDO PERO EN EL FONDO ES UN BUEN PRIISTA QUE SE PREOCUPA POR EL CHAVEZ ... YA QUE DURO 5 AÑOS SIN PODER BATEAR Y QUIERE QUE ESTE SEA SU SEXENIO COMO TANTOS OTROS POR FAVOR DEJEN AL POBRE MUCHACHITO DESPOTA TRABAJAR... PERO ESO SI JEFES ABUSADOS... ES UN ALACRANCITO.. Y NO PORQUE PIQUE POR LA COLA SINO PORQUE LE GUSTA FREGARSE AL QUE LE DA LA MANO... OJO....

2010-05-17
miguel angel haro moreno

DECRETO por el que se declara Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias , el 17 de mayo de cada año.Compartir
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en los artículos 1, tercer párrafo, de la propia Constitución; 27, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 4 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por la Resolución 217 A (III), en sus artículos 1o. y 2o. establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna por cuestiones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición;
Que el Estado mexicano ha suscrito un gran número de tratados internacionales en los que se establece la obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, entre los que destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en el artículo 4 que, para los efectos de esa Ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje 1. "Estado de Derecho y seguridad", en el rubro referente a los derechos humanos determina que asegurar el respeto hacia tales derechos constituye una tarea que no solamente implica la restitución en el goce de los mismos, sino desarrollar esquemas mediante los cuales sea posible prevenir su violación;
Que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, establece en su Estrategia 1.7. Garantizar el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos que se encuentran en situación de discriminación o de vulnerabilidad, en la elaboración de las políticas públicas de la Administración Pública Federal, en relación a la No discriminación por preferencia u orientación sexual, establecer espacios para analizar la pertinencia de reconocer la personalidad jurídica de las personas transgénero y transexuales, y proponer acciones afirmativas que favorezcan la incorporación y permanencia de la población discriminada por preferencia u orientación sexual a las fuentes de trabajo, así como su desarrollo profesional y posibilidades de ascenso laboral;
Que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y a partir de entonces, en esta fecha se celebra cada año a nivel mundial, la lucha contra la homofobia, y
Que en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, celebrada el 10 de Diciembre de 2009, se emitió el Acuerdo para conmemorar el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, por ello ante la necesidad de implementar medidas para fomentar la tolerancia y el respeto a las preferencias, y evitar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, he tenido a bien emitir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara "Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias", el 17 de mayo de cada año.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a catorce de
mayo de dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

2010-05-17
miguel angel haro moreno

EXPEDIENTE:
ASUNTO: SE PRESENTA SOLICITUD DE JUICIO POLITICO.
PROMOVENTE: MIGUEL ANGEL HARO MORENO
VS
ABEL MURRIETA GUTIERREZ PROCURADOR DEL ESTADO.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
PRESENTE.-

MIGUEL ANGEL HARO MORENO, Mexicano, mayor de edad por mi propio derecho señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el sito en Nayarit 48 Col. Modelo de esta Ciudad Capital, ante Ustedes comparezco para exponer:
Que mediante el presente escrito y con fundamento en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, solicito iniciar juicio de responsabilidad política en contra del C. ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, Procurador de Justicia del Estado de Sonora, por las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales de 49 niños y niñas fallecidos y 77 lesionados en la guardería ABC de esta Ciudad Capital, durante los trágicos hechos del 5 de junio de 2009, fundándome en los siguientes.


HECHOS:
1.- Que el día 5 de junio del 2009, en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, se suscito un incendio en la guardería ABC conocido ya por todos, con el trágico desenlace de 49 niñas y niños fallecidos mas 77 lesionados.
Los nombres de los menores que murieron son los siguientes:
María Magdalena Millán García, Emilia Fraijo Navarro, Valeria Muñoz Ramos, Sofía Martínez Robles, Fátima Sofía Moreno Escalante, Dafne Yesenia Blanco Losoya, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Camila Fuentes Cervera, Ana Paula Acosta Jiménez, Monserrat Granados Pérez, Pauleth Daniela Coronado Padilla, Ariadna Aragón Valenzuela, María Fernanda Miranda Hugues, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Marian Ximena Hugues, MendozaNayeli Estefania González, DanielXimena Yanes Madrid, Yeseli Nahomi Baceli MezaIan, Isaac Martínez Valle, Santiago Corona Carranza, Axel Abraham Angulo Cázares, Javier Ángel Merancio Valdez, Andrés Alonso García Duarte, Carlos Alán Santos Martínez, Martín Raymundo de la Cruz Armenta, Julio César Márquez Báez, Jesús Julián Valdez Rivera, Santiago de Jesús Zavala Lemas, Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas, Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, Juan Carlos Rodríguez Othón, Germán Paúl León Vázquez, Bryan Alexander Méndez García, Jesús Antonio Chambert López, Luis Denzel Durazo López, Daré Omar Valenzuela Contreras, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Emily Guadalupe Cevallos Badilla, Juan Israel Fernández Lara, Jorge Sebastián Carrillo González, Ximena Álvarez CotaDaniela, Guadalupe Reyes Carretas y Juan Carlos Rascón Holguín.
2.- Que conforme a las normas constitucionales y penales corresponde al Procurador del Estado, como Ministerio Público ser representante de la sociedad y a las víctimas y ofendidos del delito una justicia pronta y expedita, como con claridad se sostiene por nuestra Constitución Federal, ambas garantías individuales a favor de los gobernados.
3.- Que la Comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que investiga los hechos del 5 de junio en su INFORME PRELIMINAR SOBRE EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 1/2009 en su punto séptimo destaca que:

Los servidores públicos involucrados en la violación de garantías, son:

2. Del Gobierno del Estado de Sonora.
a) Gobernador del Estado de Sonora Eduardo Bours
Castelo.
b) Secretaria de Hacienda. Miguel Eugenio Lohr
Martínez.
c) Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Bienes y
Concesiones del Gobierno del Estado Eliseo Morales
Rodríguez.
d) Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Wilebaldo Alatriste Candiani.

3. Del Ayuntamiento de Hermosillo.
a) Presidente Municipal de Hermosillo Ernesto Gándara
Camou.
b) Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
municipal Javier Hernández Armenta.
c) Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal
Alejandro Sugich Prandini.
d) Dirección de la Unidad de Protección Civil Municipal.
Roberto Copado Gutiérrez.
Personas que debieron ser citadas desde el inicio de la averiguación por parte del Procurador del Estado y nunca se les cito; sin embargo, la intención fue siempre retardar la justicia, pues solo basta una leída somera a la Constitución Local del Estado para darse plenamente cuenta que las personas señaladas son responsables de los hechos desde el momento que se suscitan:
“ARTÍCULO 79.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:

I.- Promulgar sin demora las leyes y decretos, y los acuerdos en su caso; ejecutarlos y hacer que se ejecuten; y formar en la parte administrativa y de conformidad con las disposiciones de la ley, los Reglamentos necesarios para la exacta observancia de los mismos.

II.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad, así como promover e inducir en el Estado, el progreso económico, social, político y cultural y, en general, el bienestar de la población en todos los órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado entre centros urbanos y rurales, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas del Gobierno.

V.- Exigir de las autoridades que dependan del Ejecutivo del Estado, el cumplimiento estricto de las obligaciones que les imponen la Constitución Federal, la Estatal y las leyes que de ellas emanen, aplicándoles las sanciones a que se hagan acreedoras, en los términos que prevengan las leyes.

ARTÍCULO 136.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

I.- En el ámbito de su competencia, promover e inducir el desarrollo económico, social, político y cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los Planes y Programas de Gobierno Municipales.
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XI.- Vigilar que los habitantes del Municipio realicen sus actividades con respeto a derechos de terceros, al orden o interés público y en general en pro del bienestar colectivo, de acuerdo a las leyes y reglamentos. ( Esto es por conducto del Presidente Municipal).”

De lo anterior se demuestra que era imposible que la guardería funcionara en las condiciones que prestaba el servicio, sólo la omisión de estas normas constitucionales, permitió ese funcionamiento con las consecuencias que ya todos conocemos.
Empero, si lo anterior no es suficiente tenemos las declaraciones del Secretario de Gobierno C. FERNANDO GOMEZ MONT, quien sostuvo que:
“Que hay indicios que refuerzan la hipótesis de que el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, y que dejó un saldo de 49 niños muertos y decenas de heridos, fue intencional dando a entrever que hay una gran responsabilidad en la administración estatal que encabezaba Eduardo Bours Castelo, pues sostuvo que el fuego podría haber sido inducido en la bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal, desde donde se esparció el fuego a la guardería.”
Por su parte el Procurador de Justicia del Estado C. ABEL MURRIETA GUTIERREZ, declaro que:
“Un corto circuito o calentamiento del motor de un aparato de aire, son las causas probables del fuego en la Guardería ABC, del IMSS, ocurrido el pasado viernes 5 de junio, de acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por peritos de la PGJE y PGR, informó en Hermosillo este lunes el Procurador General de Justicia en el Estado, Abel Murrieta Gutiérrez.”
En este sentido, tenemos que el ejercicio constitucional y legal que le correspondía al Procurador Estatal era citar a los funcionarios señalados por la Comisión instruida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde mucho antes y no lo hizo, es decir, desde que se dieron los hechos, además analizar cualquier posibilidad sobre la presunta responsabilidad de las autoridades y particulares a título de dolo o culpa y tampoco lo hizo.
Lo cual genera como consecuencia que se actualicen los supuestos normativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado que establece que:
“ARTICULO 7o.- Procede el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.”

“ARTICULO 8o.-Redundan en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho:

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales.

VI.- Cualquier infracción a la Constitución Política Local o a las leyes estatales cuando causen perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus municipios, o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción Anterior…”


LAS VIOLACIONES GRAVES A LAS GARANTIAS INDIVIDUALES: SON LAS SIGUIENTES:

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.


Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.”

El. C. ABEL MURRIETA GUTIERREZ, jamás actúo como representante de las víctimas del incendio, sino como protector de las autoridades y particulares dueños de la guardería, violando con ello la garantía consagrada en el artículo 21 Constitucional a favor de los niños y niñas victimas, pues descarto cualquier hipótesis distinta al accidente, como hasta hoy lo vemos, lo que genera que la justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 Constitucional no llegue como verdaderamente debió ser desde el principio, con todos los responsables de los hechos en procedimientos penales.
Lo anterior, se refuerza con las siguientes tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación:


Registro No. 177921
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Julio de 2005
Página: 438
Tesis: 1a. LXX/2005
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
“JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA.
El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales.
Amparo en revisión 416/2005. Eleazar Loa Loza. 11 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.


Registro No. 165954
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Noviembre de 2009
Página: 409
Tesis: 1a. CXCIII/2009
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional, Penal
“MINISTERIO PÚBLICO. ES EL ÚNICO ÓRGANO DEL ESTADO COMPETENTE PARA FORMULAR E IMPULSAR LA ACUSACIÓN PENAL.
Conforme a los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público tiene a su cargo la persecución e investigación de los delitos, lo que significa que es el único órgano estatal competente para formular e impulsar la acusación o imputación delictiva. Así, la persecución e investigación de los delitos es una labor de carácter administrativo que por definición excluye a la judicial. Esto es, los artículos constitucionales aludidos deben leerse en el sentido de que establecen obligaciones a cargo del Ministerio Público, de manera que la investigación y persecución de los delitos no constituyen una prerrogativa a su cargo y, por tanto, no puede renunciar a su ejercicio, el cual es revisable en sede constitucional. Por otra parte, la posesión del monopolio no debe entenderse en el sentido de que la Constitución General de la República prohíbe la intervención de la víctima o del ofendido en el proceso penal como partes del mismo, en términos del artículo 20, apartado B, constitucional, pues el reconocimiento de este derecho coexiste con el indicado mandato constitucional a cargo del Ministerio Público. Así, a nivel constitucional también se dispone que deben existir medios de defensa que posibiliten la intervención de la víctima o del ofendido para efectos de impugnar, por ejemplo, el no ejercicio de la acción penal. Es decir, la división competencial es clara en el sentido de que el único órgano del Estado facultado para intervenir como parte acusadora en un proceso penal es el Ministerio Público, en su carácter de representante social, y -de manera concomitante, aunque no necesaria- con la propia sociedad (cuando se trate de la víctima o el ofendido), en los términos que establece la propia Constitución Federal.
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.”

PRUEBAS:
INFORME DE AUTORIDAD: Que deberá solicitarse y rendir el Procurador del Estado C. ABEL MURRIETA GUTIERREZ, informando de las actuaciones ministeriales realizadas desde el inicio del incendio del día 5 de junio de 2009 hasta hoy, por esa Procuraduría a su cargo.
INFORME DE AUTORIDAD: Que deberá rendir la Dirección de Comunicación Social de este Congreso de todo lo declarado por el C. ABEL MURRIETA GUTIERREZ, en relación del incendio de la guardería ABC. Asimismo de las declaraciones del Secretario de Gobernación FERNANDO GOMEZ MONT, en su visita a Hermosillo y relativas a la guardería ABC, mediante las cuales menciona que el incendio fue intencional.

DERECHO:
Son aplicables al procedimiento y fondo del presente asunto los artículos 1, 2, 4, 5 y demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes, atentamente pido:

UNICO: Dar el trámite correspondiente a la presente solicitud de responsabilidad política en contra del C. ABEL MURRIETA GUTIERREZ, Procurador del Estado de Sonora.


PROTESTO LO NECESARIO
Hermosillo, Sonora, a la fecha de su presentación


C. MIGUEL ANGEL HARO MORENO

2010-05-16
panchio

felicitaciones a todo el personal de dossier politico, exelente revista.

2010-05-15
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